Proyecto 26 de Julio, Encuentro X Las Ideas

“No buscamos recuparar la República como fin, sino como medio para lograr la justicia social” Elisa “Lilita” Carrió, San Nicolás, 13 de setiembre de 2008

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LILITA Y LA C.C. DENUNCIAN PENALMENTE A NÉSTOR KIRCHNER & CÍA.

SEÑOR FISCAL:

Elisa Maria Avelina Carrio, Adrián Perez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sanchez y Juan Carlos Morán, constituyendo el domicilio procesal en la calle Rivadavia 1829 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. se presenta y respetuosamente dice:

I.- OBJETO:

Que venimos a interponer formal denuncia penal a los fines que se investigue la conducta de los Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción por los hechos que seguidamente se exponen.

II.- HECHOS:

Que la investigación que se solicita, por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, respectivamente, y/o por el tipo penal que surja de la investigación que se peticiona el elevado criterio de V.S. esta relacionado con los hechos que pasamos a describir:

A modo de introducción de la presente es posible afirmar que así como en la década del 90 la corrupción se gestionó a través de los bancos y el sistema financiero, en la era de Néstor Kirchner se basa en los oscuros negocios que él y su entorno hacen de la obra pública.

Desde fines del 2003 hasta la fecha, comenzamos a describir una nueva matriz de negocios implementados desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo que cuenta con tres características básicas:

– concentración empresaria en distintos sectores de la economía;

– adquisición de empresas estratégicas por medio de empresarios, hasta ese momento desconocidos, cercanos al presidente Kirchner; y

– presentación ante la opinión pública de que dichas operatorias responden a un gobierno que defiende al Estado.

Así, el comportamiento de saqueo puede advertirse mediante la cooptación del aparato Estatal por parte de los especuladores y grupos económicos concentrados, muchos de ellos, sin antecedentes comerciales o con crecimientos patrimoniales notorios a partir del 2003 con la llegada del Kirchnerismo al gobierno, circunstancias que se prueban en la presente mediante el acompañamiento de los informes comerciales de las empresas de referencia.

Es así que este conjunto de patrones vigentes no consagrados jurídicamente se establecen, según Weber, en un nuevo esquema de dominación llamado patrimonialismo.

Este esquema “impide la economía racional por la peculiaridad de su administración” ya que “dificulta la existencia de disposiciones legales racionales, en cuya duración pueda confiarse, por la ausencia típica de un cuadro administrativo profesional formal, por el amplio ámbito del arbitrio material y de los actos discrecionales puramente personales del soberano y del cuadro administrativo. Mas aun, cuando impera el arriendo de cargos, el funcionario se encuentra inmediatamente obligado para la gestión beneficiosa de su capital, a emplear cualquier medio de exacción, aun los mas irracionales en sus efectos”.

Dicho de otro modo, quienes detentan posiciones de poder ascienden a ocupar roles de gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en propios.

Por eso durante la gestión kirchnerista se produjo la denominada “patrimonialización del Estado” que supone ese conjunto de patrones vigentes o practicas políticas, que borran o confunden convenientemente, como regla general, la diferencia de lo publico y lo privado, permitiendo la disposición de lo primero con total omisión a las reglas y leyes establecidas para el manejo de “cosa publica”.

En diciembre de 2003, denunciamos en el informe de investigación “La distribución de la Obra Publica-clientelismo o política de estado” como la gestión de Néstor Kirchner y Julio de Vido beneficiaba a empresas amigas con total desapego de las buenas practicas de la administración publica, el manejo eficiente del erario publico y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado.

En ese orden, se ha evidenciado, como siempre, que son las mismas empresas que funcionando como holding, se presentan imponiendo el precio, subiendo considerablemente los costos de la inversión publica ante una total pasividad del Estado contratante.

1- Creación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos.

Con fecha 24 de mayo de 2003, el Decreto 1.283 procedió a modificar la Ley de Ministerios creando el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En ese contexto, el cambio de estructura fue presentada a la sociedad como un aspecto fundamental de la política de Néstor Kirchner en el Gobierno, pues mediante este nuevo estamento permitiría “… reflejar con mayor precisión las metas de gobierno fijadas, en especial en materia de planificación de la inversión pública tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico que consolide el federalismo…[1]

Mediante distintos Decretos, el ex presidente, fue trasfiriéndole al Ministerio de Planificación, presupuesto y competencias que se encontraban en cabeza de otras carteras. Esto convirtió a Julio De Vido en el funcionario con mayor poder, después de Kirchner, con un manejo de fondos superior a los 35.800 millones de pesos, conforme el crédito vigente 2008.

En este

A los fines de ejemplificar estos extremos, es que transcribimos el siguiente cuadro que detalla la evolución de la inversión pública durante los años del Kirchnerismo:

Inversión Pública en obras – Obras por Rubro (En millones de pesos.)

MINPLAN

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EJEC/TOT 2008

TOTAL ANUAL

759

1.877

3.924

8.160

10.770

12.927

17.913

100%

% DE CRECIMIENTO

147%

109%

108%

32%

20%

39%

OBRAS VIALES

224

477

1.054

1.903

2.357

3.208

4.553

25,42%

OTRAS OBRAS DE ENERGÍA

131

423

447

756

1.821

3.476

19,40%

VIVIENDAS

375

703

1.170

3.095

3.224

2.928

2.975

16,61%

OBRAS DE SANEAMIENTO

8

20

77

103

481

626

1.158

6,46%

INV EN INFRAEST. FERROVIARIA

68

565

311

451

1.021

5,70%

OBRAS HÍDRICAS

45

237

311

476

638

687

847

4,73%

INVERSIÓN MINERA

0,04

0,23

19

217

161

161

724

4,04%

OBRAS DE INFRAEST. MUNICIPAL

48

37

121

302

368

577

3,22%

ESCUELAS

4

105

247

329

550

3,07%

GASODUCTOS

35

383

440

493

2,75%

OCCOVI

29

251

340

481

2,68%

OTRAS OBRAS DE LA S.O.P.

93

188

484

294

522

361

393

2,20%

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

91

445

628

765

226

1,26%

ARQUITECTURA

4

6

12

30

75

118

180

1,00%

OBRAS EN PUERTOS

7

29

18

38

130

92

125

0,70%

EMERGENCIAS INUNDACIONES

3

28

79

106

119

86

77

0,43%

UNIVERSIDADES

14

41

41

40

0,22%

OTRAS OBRAS DE TRANSPORTE

10

77

137

144

106

19

0,11%

*Los montos del 2008 son estimados en base al presupuesto vigente al 31 de Mayo de 2008-Pagina oficial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos.

En el mismo sentido, es que transcribimos el siguiente gráfico en donde se trasluce una fenomenal evolución presupuestaria:

El tema presupuestario no es menor al exponer la operatoria que el gobierno de Kirchner fijó para la cartera a cargo de Julio De Vido. Desde el 2003 hasta la fecha el Poder Ejecutivo envió una previsión presupuestaria falaz que, entre otras cosas, contempla que, mediante los “super poderes” o la delegación de facultades, se produzcan constantes reasignaciones de fondos.

Como ejemplo podemos mencionar la circunstancia que durante el 2007 por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia de Kirchner o Decisiones Administrativas de Alberto Fernández se incrementaron en $10.084 millones las arcas de De Vido, lo que representó un 76.2 % mas que lo aprobado por el Poder Legislativo para ese período. Adviértase que estos fondos fueron distribuidos con el único fundamento de una decisión unilateral, arbitraria y hegemónica de los mencionados funcionarios.

2- Concentración de Grupos Económicos Intervinientes en la Obra Pública:

Al abordar la compleja operatoria de la obra pública argentina, debemos reconocer como un patrón distintivo la concentración de los grupos económicos intervinientes.

Muchos de ellos, tal como se encuentra demostrado y acreditado en los informes comerciales que se acompañan a la presente, tienen una aceitada vinculación personal con Nestor Kirchner y una evidente relación comercial entre ellos, lo que les permiten ser socios y contrincantes según se presente la licitación que aspiren conseguir.

Este esquema de negocios y amistad viene de la época en que Néstor Kirchner era gobernador de la Provincia de Santa Cruz y fue trasladado al país a partir de su asunción presidencial en mayo de 2003.

Si consideramos el país como unidad de evaluación, durante el kirhnerismo las empresas con mayor cantidad de obras viales adjudicadas son las mismas que operan en su provincia.[2]

Así, las licitaciones de la gestión Kirchner comenzaron a configurar una matriz caracterizada por:

  1. Concentración económica
  2. Concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones no surgiendo nuevos oferentes
  3. Escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas.
  4. Alternancia en las adjudicaciones y sobreprecios.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la apertura de la licitación tendiente a la pavimentación y repavimentación de la intersección de la Ruta Provincial Nº 5 y la Ruta Nacional Nº 3. En la misma, se presentaron tres empresas constructoras y las ofertas fueron las siguientes: Kank y Costilla $ 8.984.206,80, GOTTI S.A. $ 8.911.932,74 y Esuco $ 9.112.398, 58, resultando adjudicataria GOTTI S.A..

En el mismo sentido, si tomáramos como ejemplo las obras viales encontramos que la totalidad de las adjudicadas en este rubro fueron concentradas siete empresas. Seguidamente se explicita la incidencia porcentual de participación de cada una ellas en el universo.

Porcentaje por cantidad de Obras en números reales

La misma situación encontramos si tomamos como ejemplo como se ejecuta el Plan Federal de Viviendas, gestionado por el Ministro Julio De Vido.

Así, adviértase que el Primer Informe de Obra Publica elaborado en el año 2004 por quién suscribe la presente, que se acompaña como prueba documental, mediante algunos indicadores demostraba como los Estados provincial y nacional, ambos bajo el poder de Kirchner, pagaban altísimos sobreprecios por obras de menor valor.

En aquella oportunidad acreditamos que “Tomando como base Río Gallegos y teniendo en cuenta que los datos oficiales nacionales disponen de un presupuesto original de 56.000 pesos por vivienda y que finalmente el costo licitado en la provincia asciende a más de $ 100.000[3] y $ 150.000, por vivienda tipo social. Se decidió cotejarla con los valores del mercado inmobiliario de la misma Ciudad, y a mero título de ejemplo encontramos que en una casa con todas las comodidades, el metro cuadrado se cotizaba a $ 800, aproximadamente. Esta situación que es notoria porque revela un importante sobreprecio en las viviendas del Plan Federal construidas por la Provincia de más del 100%. El actual presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda Provincial es el Arquitecto Carlos Santiago Kirchner, primo del Presidente…”

Posteriormente, en noviembre de 2005, se presentó una actualización de la investigación, que también se acompaña como prueba documental a la presente, que denuncia el direccionamiento y la concentración empresaria como práctica habitual de la gestión kirchnerista , confirmando así la siguiente metodología:

1. El monto unitario adjudicado se encuentra por encima del monto unitario según convenio o presupuesto oficial.

2. La existencia de empresas constructoras adjudicatarias de licitaciones que, por sus antecedentes, no se encontraban habilitadas para serlo. Tal es el caso de Gotti SA que, por ser deudor del Estado, no cumple con los requisitos necesarios para ser proveedor del mismo, situación que se también encuentra acreditada en la documentación acompañada a la presente.

3. Arbitraria distribución de la obra publica por jurisdicción

4. Ausencia de planificación estratégica en materia de inversión publica.

3. Las Relaciones de Néstor Kirchner.

A continuación, se realizará una enumeración de las relaciones comerciales y personales de Néstor Carlos Kirchner, organizador y jefe de la posible asociación ilícita que solicitamos se investigue.

– Lázaro Báez: se encuentra acreditado que su fabuloso crecimiento y expansión económica se produjo a partir de su relación con Néstor Kirchner en la época que este era Gobernador de Santa Cruz. Es su amigo, socio y pieza fundamental en la matriz de negocios que esta denuncia expone.

Según se encuentra acreditado, en el año 1990 el Sr. Báez tenía como únicos activos tangibles un Ford Falcon ´72 y una humilde vivienda que habitaba con su familia en Río Gallegos. Lejos estaba de la casa inteligente en la que mora Báez hoy en día, con luces que se prenden mediante comandos verbales, rodeada de 2.000 cedros azules y decenas de custodios.

Fue en los 90 donde Báez emprendió una sólida amistad con Néstor Carlos Kirchner.

Según refieren sendos artículos periodísticos, que se acompañan a la presente, Lázaro, en su carácter de cadete del Banco de Santa Cruz, y Kirchner, en ejercicio de la intendencia de Río Gallegos, consolidaron un lazo de mutuo interés. Báez le pasaba información del banco provincial a Kirchner, y éste le abría un mundo de contactos importantes, cuestión clave para los negocios. La relación prosperó, igual que las cuentas de ambos.

De esa manera, cargos provinciales al inicio, obra públicas millonarias después y por último millonarias licitaciones petroleras, lo catapultaron como uno de los empresarios más exitosos de los últimos cuatro años.

En 1991, apenas Kirchner fue electo como gobernador, Lázaro Báez fue beneficiado con el cargo de gerente adscripto del Banco Santa Cruz, ubicado apenas un escalón por debajo del gerente general. Un cargo que, durante la cuestionada privatización del Banco de Santa Cruz, el mismo Báez ocupó con un poder omnímodo.

Como gerente general y hombre fuerte del banco provincial, Báez condujo su privatización de modo fructífero para empresarios de buena llegada a Kirchner. Por un lado, transfirió al Estado provincial una deuda de $ 170 millones, originada en créditos incobrables que él mismo había otorgado a distintas empresas, entre las que se encontraba Gotti S.A.. De esta manera, el principal favorecido fue Enrique Eskenazi, quien se alzó con un banco libre de deudas, y que además siguió siendo el agente financiero de la provincia.

Sugestivamente fue a partir de 2003 cuando Lázaro Báez constituyó Austral Construcciones S.A., la que inició su actividad el 8 de abril de ese año, con un capital social de apenas $12.000, conforme se publicó en el Boletín Oficial de la Nación N° 30.151.

Desde su apertura esta compañía ya ganó licitaciones por más de $ 3.500 millones.

Como si ello no fuera suficiente, ya en agosto de 2003 Austral Construcciones fue favorecida con la concesión de dos áreas petroleras en Formosa, en febrero de 2007 con tres más en Santa Cruz. Actualmente, posee una petrolera cuya producción diaria supera los 50 millones de metros cúbicos, y la de gas llega a casi 10 millones de metros cúbicos.

El 11 de agosto del 2003, el Ministerio de Planificación Federal autorizó a Benito Roggio e Hijos S.A. a ceder las áreas petroleras CON-14 “El Chivil” y CON-7 “Surubí” a Misahar Argentina, una de las petroleras de Báez. La otra es EPSUR. Todas estas con domicilio en Carabelas 241, al igual que Austral. A partir de ahí, fue ganando licitaciones cuestionadas como la de las 15 áreas petroleras en Santa Cruz, donde Epsur se quedó con Río Guenguel, Meseta Cerón Chico y Sur Río Deseado.

Se encuentra registrado a fs. 18 del libro de Actas de Austral Contrucciones S.A. que “En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Republica Argentina, a los 10 días del mes de junio de 2005, siendo las 09.00 hs, el directorio de Austral Construcciones SA se reúne a fin de la constitución de su fideicomiso por el cual Austral Construcciones se constituye en inversor fideicomitente, a fin de llevar a cabo la construcción de 10 unidades funcionales en propiedad horizontal, en el inmueble propiedad de Néstor Carlos Kirchner (…), en un plazo de 12 meses a contar por a partir del 1 de julio de 2005, estimándose que la inversión rondara los $ 700.000, acordándose que la sociedad recibirá al finalizar el mismo, cinco unidades funcionales…”.

Por lo tanto, no hay dudas que durante el ejercicio de su mandato, Néstor Kirchner tuvo una sociedad comercial con un empresario beneficiado por la obra pública de su gobierno.

Asi, entre otras fuentes que abonan esta denuncia, se destaca el Diario Perfil[4], que describe un circulo virtuoso en el que la figura central es Néstor Kirchner, en el cual “…opera un gran grupo empresario que facturan al unísono y responden a un solo hombre: Lázaro Baez. Estas empresas, fueron señaladas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y son investigadas por evasión fiscal y presunto pago de sobornos”.

De acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, Lázaro Báez a cargo Austral Construcciones SA es la punta de lanza del “pool empresario”, que tiene bajo su control a Palma SA, Gotti S.A., Gancedo S.A., Kank y Costilla S.A. y Badial SA.

Todo esto se encuentra acreditado en la investigación desarrollada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) [5] que comprobó que 500 millones de pesos fueron facturados con boletas apócrifas a través de empresas fantasmas, por parte de Gotti S.A., evadiendo 120 millones de pesos del IVA. Además de Gotti SA la DGI también aseguro que Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA- todas vinculadas a Baez-y Casino Club SA de Cristóbal Lopez habían utilizado facturas “truchas”. Todas estas compañías conducen a Nestor Kirchner

Por su parte, Sergio Gotti, que es el socio minoritario de Austral, según la AFIP evadió más de 500 millones de pesos. Este quedó a cargo de Gotti SA, la empresa que fundo su familia. Esta compañía quebró, pero mantuvo la marca y fue absorbida por Invernes S.A, ácidamente conocida en el sur como “Inversiones Nestor” y comandada al menos en los papeles por Guido Blondeau del grupo Báez. Tanto Gotti, como Austral e Invernes, comparten sede social: el quinto piso del edificio ubicado en Carabelas 241 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas son investigadas en las derivaciones del Caso Skanska y por delitos tributarios mediante facturación apócrifa.

Es importante destacar que Gotti S.A presentó 53 contratos de obra pública que se llevaron adelante desde 2002 a 2007 por unos 627 millones de pesos. Cinco de ellos los hizo la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz por $ 300 millones. El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa provincia encargó 40 obras por $ 239 millones, en tanto ocho contratos más fueron realizados por ese Instituto y refrendados por una Subsecretaría que depende del Ministro Julio De Vido. La cifra ascendió a más de $ 86 millones.

Finalmente, adviértase que gran parte de las obras restantes fueron facturadas, como se ve, a una empresa como Austral Construcciones S.A, Palma (a nombre de Diego Palleros cuñado de Lázaro Báez), Gancedo y Kank y Costilla S.A.

Confirma lo dicho el libro de actas de Austral Construcciones en el que queda al descubierto el radio de acción y movimientos de las empresas de Báez donde todo tiene que ver con todo. En más de una ocasión, tanto Palma como Gotti cedieron y renunciaron a contratos para dejarle el beneficio a Austral Construcciones. El mecanismo, generalmente, es utilizado para evitar que, oficialmente, quede constancia que las obras son otorgadas siempre a una misma empresa y así esconder el presunto pago de coimas. Lo mismo ocurre con los derechos de cobro de certificaciones de obras adjudicados a Gotti, que finalmente fueron cobrados por Austral.

La cartelización de la obra pública se encuentra acreditada conforme la siguiente trascripción, cuya documentación se acompaña:

  • A fs. 11 del libro de actas de Austral Construcciones dice “(…) a los 10 días del mes de febrero de 2005 el directorio de Austral Construcciones SA aprueba y firma formalmente el SUBCONTRATO DE EJECUCION DE OBRA por el cual GOTTI SA contrató a AUSTRAL CONSTRUCCIONES para las obras 1- Repavimentación Ruta Provincial 5-Tramo Km 23, 2-Ruta Nacional 40-Tramo Cancha Carrera-Pte. Rio Turbio…”.
  • A fs. 11 del Acta del directorio del 14 de febrero de 2005 PALMA SA cede, trasfiere y renuncia a favor de Austral Construcciones los contratos de obra a) 42 Viviendas Convivir y b) Viviendas Convivir Sector 1 – La cesión se realizo en forma gratuita y sin cargo alguno.
  • A fs. 21 del Acta de Directorio por la cual Juan Felipe Gancedo SA cede y transfiere a Austral Construcciones el contrato de la obra 63 de Viviendas e Infraestructura en el Sector Ejercito-Río Gallegos.

Igual operatoria se advierte en la obra de pavimentación de la segunda sección de la ruta provincial 7, un emprendimiento de casi 170 millones de pesos que fue adjudicada por la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”, la que se encuentra íntimamente vinculada con la constructora de uno de los socios de Kirchner, Lázaro Báez. Biancalani vendió el 60% de su empresa familiar asociándose con Báez, que tiene como director de su constructora, Austral, al ingeniero Julio Mendoza, nacido en Chaco.

Esta obra también cuenta con un sobreprecio importante según fuentes del mercado. Los 166.958.079,74 pesos presupuestados para su realización son una cifra exorbitante para realizar los objetivos de la obra: 57 kilómetros de pavimento en esa zona, más los accesos y empalmes a la ruta.[6] Por poner un ejemplo, la pavimentación de 25 kilómetros de la ruta 4, también en Chaco, está presupuestada en 42.318.634 pesos. La matemática es lapidaria. Un kilómetro de asfalto de la “ruta K” tiene un costo de 2.929.089,10 pesos. La misma extensión, pero en la ruta 4, sale 1.692.745,36 pesos.

– Cristóbal López: No nos equivocaríamos si al describir a Cristóbal López lo asociamos a Néstor Kirchner y Julio de Vido, y con ellos a una misma forma de manejar el poder: manipulación y corrupción política, concentración económica, avasallamiento a las normas, aprietes y presión sobre sus circunstanciales oponentes o detractores.

Es por eso que denunciamos y describimos la complicidad de Néstor Kirchner en todo lo referido a los beneficios, prerrogativas y prebendas que su gobierno le ha dado a las empresas del grupo perteneciente a Cristóbal López.

Así, no puede soslayarse la vertiginosa movilidad social ascendente, y enriquecimiento económico de López en los últimos años.

A los 18 años de edad Cristóbal López vendía pollos y verduras en Comodoro Rivadavia, cuando de la mano de Armando “Bombón” Mercado (ex esposo de Alicia Kirchner) y Diego Ibáñez, lo toco la varita mágica de la obra pública y las concesiones con el Estado que le permitieron acumular la fortuna que hoy ostenta[7].

Actualmente, es propietario de casinos y salas con maquinas tragamonedas en 19 ciudades del país; cría caballos criollos, posee una empresa petrolera y otra dedicada al transporte de hidrocarburos, es dueño de una empresa recolectora de residuos, de turismo, otras dos operan el servicio de transporte colectivo de pasajeros en las ciudades de Neuquén y Comodoro Rivadavia, administra un canal de televisión, es dueño del diario El Chubutense, cuenta con empresas de tecnología, constructoras, posee olivares e importantes extensiones de tierras.

Se inició en el negocio del juego en 1992, en su Chubut natal bajo el gobierno del radical Carlos Maestro, mediante la constitución de Casino Club junto a Ricardo Benedicto empresario relacionado con la constructora Kank y Costilla, una de las principales beneficiarias de la adjudicación de obra publica en la Provincia de Santa Cruz y de probada vinculación con el Ministro De Vido y Lázaro Baez. En Chubut, cuenta con salas de juegos en Trelew, Playa Unión, Rawson, Rada Tilly (donde vive Cristóbal López) y Comodoro Rivadavia. En la Santa Cruz de los tiempos de Kirchner, estrenaron salas en Río Gallegos Caleta Olivia y El Calafate.

Respecto de su participación en el negocio energético, la misma se desarrolla mediante dos empresas “Oil M&S” prestadora de servicios, principalmente a Repsol, y Clear S.A, explotadora del Yacimiento Cerro Negro. Oil M&S inició sus actividades en la provincia de Chubut como una empresa proveedora de soluciones integrales para la industria hidrocarburifera y minera de la Republica Argentina. Constituida hace apenas 7 años (2001), su mayor volumen de negocios se produjo con la llegada de Kirchner al poder. Su Presidente es Cristóbal Manuel López y sus Directores son: Carlos Fabián De Sousa, Muriel Lucia Sosa de López y José Antonio Tasca.

Los detractores de López señalan que en 2005 abarcó menos del 1% de la producción nacional de hidrocarburos. En cambio, quienes prefieren ver la película con una mirada futurista señalan hacia el pasado la importancia de haber ganado la licitación en Brasil y hacia lo que viene, sus posibilidades financieras y la llegada directa a la pareja presidencial.

El 17 de noviembre de 2006 el gobierno de Santa Cruz llamó a licitación nacional e internacional de quince áreas petroleras. Este proceso contó con una celeridad llamativa y poco habitual en este tipo de asuntos, a saber:

a) La apertura de los sobres con las ofertas se realizó apenas veintitrés días hábiles más tarde (tanto la ley como la práctica indican un promedio que debe oscilar entre los sesenta y noventa días para elaborar las ofertas, de hecho Repsol y Petrobras pidieron una prórroga que no les fue concedida) y se analizaron allí las curiosas exigencias del llamado, que atentan contra el principio de concurrencia, fundamental para garantizar la transparencia en las licitaciones, evitando así el direccionamiento en los requisitos para beneficiar a algunas en desmedro de otras.

b) El ganador debería tener un mínimo de treinta por ciento de capital regional (entendiendo por “regional” estar instalado en Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego).

c) En la fórmula de preadjudicación, si la empresa tenía el ciento por ciento de capital regional, sus puntos subían de manera irremontable para cualquier competidor, aunque ofreciera una altísima inversión o importantes regalías.

d) No se exigió ningún parámetro objetivo de evaluación técnica; para decirlo de otro modo: no importaba que el ganador alguna vez hubiera extraído petróleo, cargado nafta o regenteado un almacén de ramos generales.

e) Los antecedentes fueron evaluados por una comisión constituida para dichos fines.

Tal ha sido el escándalo que Jorge Lanata describió en su artículo “El pozo no quedó vacante” que el Ministro de Economía Provincial Juan Bontempo, en dialogo con empresarios del sector enunció “Yo me voy con los sobres a Buenos Aires y esto lo decide De Vido”.

El negocio es de U$S 130 millones de inversión para un retorno garantizado durante 25 años, ya que en la mayoría de las áreas está probada la existencia de petróleo[8].

Anteriormente, “en enero de 2006, al cerrarse la Etapa A, el gobierno informó quiénes pasaron la primera etapa: Oil M&S, Epsur, Misahar, Geopark-Costa, Inwell y Estrella. En febrero se cerró la segunda etapa, quedando afuera Inwell y Estrella. Y en marzo, al abrirse el sobre C, quedó claro que las empresas Oil M&S, Misahar y Epsur (constituida el 2/12/05 ) se habían quedado con todo: tres empresas pero sólo dos personas, Cristóbal (López) y Lázaro (Báez). Bueno, no con todo: un área quedó desierta, ya que la buena educación indica que no hay que terminar lamiendo el plato…”. [9]

Como corolario de lo expuesto, se encuentra la relación laboral de la petrolera de López con el compañero de viaje de Antonini Wilson y presidente de la petrolera estatal ENARSA, Ezequiel Espinosa, acreditada mediante aportes previsionales obrantes en la página de la ANSES desde el mes de mayo de 2007 al menos hasta el mes de noviembre próximo pasado.[10]. Adviértase que la empresa “OIL M&S S.A.” es una petrolera privada que se ha presentado en al menos una de las Licitaciones llamadas por ENARSA lo cual podría generar “conflictos de intereses” entre su actividad privada y su rol de funcionario público.[11]

Este empresario ha sido beneficiario durante el gobierno de Néstor Kirchner por intermedio de:

· Concesiones de recursos naturales mediante procedimientos irregulares, direccionados y contrarios a derecho.

· Prórroga de concesiones por fuera de los plazos y los procedimientos administrativos previstos.

· Utilización de las fuerzas de seguridad del estado, como grupo de choque, a disposición de las empresas, lesionando el derecho y la integridad de los trabajadores

· Complicidad con el Ejecutivo de la GCBA, respecto del ejercicio de su competencia en materia de juego ante el avasallamiento de la autonomía por parte del Gobierno Nacional.

· Licitaciones dirigidas y violación del principio de concurrencia

· Ausencia de controles por parte del Estado, en las empresas pertenecientes al grupo que comanda Cristóbal López: Ministerio de Trabajo, AFIP, Lotería Nacional, Secretaria de Energía, ANSES, entre otros.

Tanto es así que 5 de diciembre de 2007, el ex presidente Néstor Kirchner hizo uno de sus últimos y más resonantes actos de gobierno. Como un sello personal firmó el Decreto 1851/07 otorgándole una prórroga hasta el 2032 de la concesión de la operatoria en el Hipódromo de Palermo a Cristóbal López. Dicho decreto tiene algunas particularidades en su redacción que no sólo resultan antijurídicas sino revelan en forma desenfadada la voluntad del gobierno de beneficiar a un empresario afín, más allá de las reglas, más allá de las formas, más allá del decoro. Para dar prueba de ello, transcribiremos algunos puntos obrantes en los Considerandos de dicha norma y que resultan por demás ilustrativos, a saber:

  • Que la concesión fue adjudicada en 1992 por un plazo de 25 años. Por tanto se hubiese encontrado vigente hasta el 2017, sino fuera porque Kirchner la renovó llamativamente10 años antes de su vencimiento.
  • Que resulta ampliamente cuantificable el éxito obtenido, tanto en los montos de recaudación como en la asistencia del público apostador, por las máquinas electrónicas cuya instalación se le autorizara a la firma Hipódromo de Palermo S.A.
  • Que de lo expuesto precedentemente surge que, dicho emprendimiento lúdico constituye un elemento generador de recursos propios que luego son distribuidos por el Ministerio de Desarrollo Social.
  • Que de lo manifestado precedentemente resulta necesario agregar que el emprendimiento autorizado, generó un importante número de genuinos puestos de trabajos.
  • Que Lotería Nacional SA (LNSA) ha dictado la Resolución Nº 31/07 mediante la cual se intima al concesionario de Palermo a incrementar el parque de máquinas electrónicas atento la necesidad del mercado lúdico
  • Que Hipódromo Argentino de Palermo SA ha efectuado una serie de consideraciones respecto al escaso tiempo restante para la finalización de la concesión otorgada (10 años) lo cual le permitiría amortizar las perdidas sufridas.
  • Que de las propias características de la actividad se desprende que las explotaciones lúdicas deben efectuarse conforme a los gustos del público apostador que resultan mutables.
  • Que conforme lo expuesto se debe intensificar dicha explotación dado que actualmente existe una demanda superior a la oferta.

De lo trascripto precedentemente, se acredita que Néstor Kirchner hizo suyos los argumentos esgrimidos por la empresa y que resultan contradictorios entre sí. Esta situación, junto con la cuestión de la competencia, podrían generar las condiciones para solicitar la nulidad de dicho acto. A saber:

  • El presidente Kirchner renueva diez años antes y en sus últimos días de gestión una concesión de juegos de azar.
  • Uno de los elementos a tener en cuenta por Kirchner es la generación de puestos de trabajo que él define como genuinos. Esto se produjo concomitantemente con marchas de trabajadores de las empresas que denunciaron irregulares condiciones de trabajo y hostigamiento laboral.
  • El presidente mediante su Decreto intima a la empresa a que compre mas máquinas de juegos, entrometiéndose mediante esta norma en la estrategia comercial y el gerenciamiento de la firma, confundiendo así lo público con lo privado.
  • El presidente hace suyas las palabras de la empresa que dice que la misma ha sufrido perdidas, argumento en el que se funda el pedido de prorroga. No obstante a renglón seguido y en el mismo cuerpo jurídico instó a la empresa a colocar mas máquinas para satisfacer la demanda de apostadores que, a su entender, superan la oferta. Finalmente, es la misma empresa en su revista “Casino Club” la que reconoce sus importantes ganancias al indicar que “…los porcentajes de afluencia de público en los Casino Club en relación a la cantidad de habitantes de cada ciudad, también son superiores a la mayoría de los casinos de Europa y Latinoamérica…”
  • El presidente en su decreto también interpreta las costumbres de los apostadores de las maquinas tragamonedas al describir que deben adaptarse al gusto mutable del cliente.

Así, Néstor Kirchner como presidente de todos los argentinos fundamentó tal desarreglo jurídico mediante argumentos falaces propios de un socio y evidentemente inapropiados para quien ejerce la primera magistratura de un país. La intervención de Casino Club en el Hipódromo de Palermo nada tiene que ver, actualmente, con la crisis del turf en la Argentina y poco tiene de emergencia por cuanto son reconocidas e importantes las ganancias obtenidas por la firma desde el inicio de la explotación a la fecha.

Ante esto queda revelada la intención de Néstor Kirchner de generar las condiciones más favorables tendientes a incrementar el valor de la empresa para una posterior venta al exterior. Cualquier tipo de concesión tiene un valor determinado conforme sea el tiempo que le quede para poder operarla y esta prorroga, en las condiciones ya enunciadas, parecería responder a esta estrategia.

Rudy Ulloa: Esta persona se relacionó con Nestor Kirchner desde que trabajó como cadete en su estudio de abogados. Posteriormente, se convirtió en su secretario privado en la intendencia de Río Gallegos, y años más tarde, con Nestor Kirchner como gobernador de la Provincia, fue designado como Director del Centro Comunitario El Carmen dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, a cargo de Alicia Kirchner.

Conforme se encuentra acreditado en el informe de financiamiento de campaña 2003 del ARI, que como prueba se acompaña a la presente, Rudy Ulloa junto a Claudio Uberti y Julio De Vido se constituyeron en voceros y recaudadores de la campaña de la fórmula Kirchner – Scioli. Conforme surge de la compulsa de dicha documentación Julio de Vido – valiéndose de información que conocía de actividades ilícitas desarrolladas por CONARPESA cuando Espinosa la integraba- le solicitó, como extorsión / colaboración financiera U$S 60.000 al dueño de Pesquera San Isidro, Cacho Espinosa, a través de Ulloa. En aquella oportunidad fue Rudy Ulloa quien le prometió a cambio favorecerlo con permisos de pesca y la operación de una línea Urbana de Río Gallegos. Finalmente el pago de los U$S 60.000 se hizo en tres cuotas, la primera se le abonó a Ulloa y las restantes a Claudio Uberti.

Es vertiginoso el ascenso social de Ulloa que va desde vendedor de diarios a ser denunciado, en el 2001, por tener un plazo fijo a su nombre de $ 1.302.055,60 del Banco de Tierra del Fuego, dinero que después Néstor Kirchner reconoció como propio.

De las empresas reconocidas y a su nombre se destacan medios provinciales con importante pauta publicitaria, nacional y provincial. Entre ellos, el periódico Austral, la radio FM El Carmen y la productora Cielo. Además, explota la señal local de Canal 2 de Río Gallegos -el cable propiedad de Supercanal S.A.-, cuyos contenidos son aportados por su propia productora. Durante el 2005 constituyo dos sociedades: CUMEHUE cuyo objeto son las explotaciones financieras y que contó con un capital inicial de $ 30.000 y EL PERIODICO inscripta en el BO 3902 del 29/09/05 que integra junto al abogado Carlos Long, también fuertemente relacionado con Nestor Kirchner.

De vendedor de diarios, puntero del Frente para la Victoria y Secretario de Nestor Kirchner se transformó, sorprendentemente, en un empresario con poder económico como para hacer una oferta para adquirir TELEFE cercana a los 320 millones de dólares, en momentos en que Nestor Kirchner necesitaba presencia en los medios de comunicación por estar enfrentado con el campo.

– Claudio Uberti: Respecto de Claudio Uberti, encontramos el mismo común denominador que con el resto de los miembros de la Asociación Ilicita denunciada, caracterizados por orígenes humildes hasta su vinculación con Néstor Kirchner y su posterior crecimiento patrimonial.

Uberti nació en un pequeño pueblo del sur santafesino –ubicado al límite de la frontera con la ciudad bonaerense de Colón–, llamado Wheelwright. En los 80 Uberti se mudó a la Provincia de Santa Cruz donde se relacionó con Julio De Vido.

Tuvo en Río Gallegos una constructora unipersonal que se ocupaba de instalar cerámicos y azulejos, y su amistad con el ex chofer presidencial Rudy Ulloa lo llevó a convertirse en uno de los dos recaudadores K (el otro, claro, era el mismo Rudy). Su primer vínculo con el Estado fue, como siempre, una licitación: la que ganó junto al esposo de Silvia Esteban, funcionaria de la provincia de Santa Cruz y dirigente del Frente para la Victoria, para construir un barrio llamado Cuatrocientos Departamentos. Fue hace veinticinco años y aún hoy los vecinos aún se quejan por las deficiencias en el plan de obras.

En el año 2003, ya como Presidente de la República, Néstor Kirchner designó a Claudio Uberti al frente del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), que es el organismo encargado de la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos de los casi diez mil kilómetros de rutas nacionales concesionadas del país, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado. Es indispensable mencionar que, al momento de su designación, Uberti no contaba con los requisitos mínimos de idoneidad que requieren los funcionarios públicos, puesto que no poseía titulo ni experiencia en la materia. No obstante esto, desde su asunción al frente del Occovi, Kirchner amplió las competencias del Ente e inició un proceso de renegociación de las concesiones viales por Decreto N° 1007/2003.

Mediante el Decreto 425/2003[12], posterior a la designación de Uberti, el ex Presidente Kirchner resolvió licitar los corredores viales concesionados por el Decreto N° 2039/90. Adviértase que un informe de la Auditoria General de la Nación [13]señaló que la licitación fue observada como irregular, particularmente por el procedimiento de selección y adjudicación desarrollado.

En la compulsa se empleó el criterio de adjudicación que vincula la “mejor oferta” con “mejor precio”. Ello ha sido cuestionado por la doctrina y la jurisprudencia por entender que no siempre asegura el mejor oferente.

El diseño de la normativa licitatoria posibilitó modificación a los pliegos y al texto del contrato durante el desarrollo del proceso licitatorio. Ello no se condice con los principios de concurrencia e igualdad que debe regir todo proceso de selección. Asimismo, se han realizado modificaciones a las Propuestas de Especificaciones Técnicas con posterioridad a la adjudicación y encontrándose vigente el contrato de concesión. Las modificaciones –originadas en errores en las ofertas presentadas en la licitación por cuanto las correcciones- provocaron un desequilibrio económico financiero que podría haber dejado fuera de aceptación las ofertas, alterando lo decidido en la adjudicación.

No se evaluó el cumplimiento del requisito de elegibilidad, exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Decreto N° 1023/2001.

Finalmente, mediante el Decreto N° 1915/2004, el ex Presidente Kirchner le delegó y otorgó al Occovi las contrataciones y ejecuciones de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra publica del que derivaron, asimismo, en serias irregularidades también denunciadas por la AGN, que se acompañan a la presente.

Como se encuentra acreditado, Claudio Uberti, es quien lleva adelante el enlace entre el Gobierno Argentino y el de Venezuela, siendo su cargo en el Occovi funcionalmente distinto a la labor que extraoficialmente desempeña. Tal es así que el Diario Infobae en su edición del 25/12/05 dio cuenta que Julio De Vido impulsaba la candidatura de Uberti a la embajada de nuestro país en Venezuela.

Un ejemplo de esto, lo observamos en el testimonio de Antonini Wilson ante los Tribunales de Miami, Florida cuando dice que fue Uberti quien lo invito a viajar en avión desde su país a Buenos Aires donde “hablamos de los tubos de gas de ENARSA”. Adviértase que por agosto de 2007, estaba vigente la licitación, impulsada por ENARSA, para construir el Gasoducto del Noroeste.

Asimismo, se encuentra acreditada su participación en el Fideicomiso con Venezuela celebrado por Nestor Kirchner en el marco de los convenios bilaterales creado en 2004, el que posteriormente será referenciado.

Este fideicomiso opera con el dinero que Argentina le paga a Venezuela por la compra de petróleo. Por cada venta, CAMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) depositó el pago en una cuenta que el Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) tiene en Nueva York.

A través de este negocio circulan más de 300 millones de dólares. Con ese dinero, por ejemplo, el Gobierno de Venezuela compra productos argentinos, operación que se concreta con la firma del presidente Chávez.

Según el reglamento del Fideicomiso, se le adelanta a la empresa el 30% del valor de la compra, lo que vuelve el negocio ciento por ciento seguro. El Diario Perfil el 25/02/07 afirma que el especialista en calmar la angustia de los atrasos de meses en los contratos es Claudio Uberti, mano derecha de De Vido y personaje clave en los negocios venezolanos. El par venezolano del ágil Uberti es Franklin Mendez, director del Bandes. “Lo que está fuera del fideicomiso tiene su lógica –confesó a PERFIL un funcionario de segunda línea del Gobierno Nacional – pero lo que está por dentro del fidecomiso es inmanejable. Todo está bajo el aura de Claudio Uberti.”.

4- Facturas Apócrifas y Posible Pago de Coimas[14]:

Con relación a la utilización de facturas apócrifas, esta forma de operatoria se reitera en las empresas asociadas a Nestor Kirchner, De Vido y Lázaro Baez. Basta recordar que Kank y Costilla, otra de las empresas vinculada a estos, fue penalmente denunciada por la AFIP de Comodoro Rivadavia por una importante evasión fiscal, causa en la que se involucró directamente a Julio De Vido como facilitador en los procesos licitatorios en la Provincia de Santa Cruz. Este hecho no fue investigado por la Justicia, quien decidió sobreseer, apenas asumido el Presidente Kirchner, a los miembros de la empresa por haberse constatado el pago de la suma presuntamente adeudada sin investigar los demás delitos ventilados en el proceso.

En el citado juicio declaró como testigo Estela Kank, una de las fundadoras de la firma, quien ratificó la relación del Ministro De Vido con la Compañía.

En esa causa también se expone el vaciamiento de la firma, a través de falsificación de sellos y facturas, hechos que tampoco habrían sido investigados por la justicia.

Téngase presente que en las maniobras de evasión fiscal, la accionista damnificada da cuenta de una triangulación entre las sucursales Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego. Esta entidad bancaria, denunciada oportunamente por lavado de dólares, fue donde se detectaron las cuentas de la familia Kirchner y de Rudy Ulloa Igor.

La utilización de facturas apócrifas para ocultar pagos ilegales parece ser el círculo que cierra un “modus operandi” que se reitera, se fomenta y se oculta mediante el tráfico de influencias, abuso de poder, y todo tipo de presiones que Néstor Kirchner ejerce sobre los funcionarios de la AFIP que pretendan investigar este tipo de ilícitos. Esto se acredita mediante sendos artículos periodísticos que señalan “En algunos despachos de la DGI desconfían que se avance sobre la investigación. En la Casa – como los inspectores llaman al organismo- se manejaban varias hipótesis sobre el objetivo de las empresas para utilizar facturas truchas, pero la mas contundente dice que el dinero que les pagan a empresas fantasmas es para justificar el pago de sobornos (…). Como este grupo de empresas son las que siempre consiguen las adjudicaciones de obras públicas y otros negocios tercerizados por el Estado, en el sur crece la hipótesis de que las facturas encubren el pago de coimas. ”.

La circunstancia explayada en el párrafo precedente se expone brutalmente con el desplazamiento de funcionarios de carrera de la DGI que intervinieron en el procedimiento. A saber: “(…)la investigación sobre facturación apócrifa en la obra publica y otros servicios al Estado en Salta Cruz y Chubut duró un año y medio, hasta que en mayo de este año Presidencia habría ordenado que se frene la investigación iniciada en Comodoro Rivadavia por Norman Ariel Williams ( …. ) Entonces, el Director de la DGI, Horacio Castagnola le ordenó al jefe directo de Williams, el Subdirector Nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky: “paren todo”.

A partir de esto, desde el Gobierno de Kirchner se avanzó sobre las estructuras jerárquico- administrativas de la AFIP de la siguiente manera:

  • Desplazamiento del jefe de la AFIP de Comodoro Rivadavia, Norman Williams, que investigaba a las empresas de Santa Cruz por el uso de facturas apócrifas, en una maniobra que dio lugar a varias causas judiciales que involucran a grandes compañías. Finalmente presentó su renuncia que le fuera aceptada el 3/JUN/08 por disposición 234/08 de la AFIP.
  • Nombramiento en su reemplazo Héctor Alejandro Sartal, supervisor interino de la División Fiscalización Nº 4 de la Dirección Regional de Palermo mediante la Disposición 234/08.
  • Jaime Mecicovsky, Subdirector Nacional de las Operaciones Impositivas en el Interior del país, y por ende jefe de Williams, no firmó la designación de Sartal, que tuvo que ser avalada por Claudio Moroni, titular de la AFIP el 1/AGO/2008.
  • Jaime Mecicovsky, dependía de su inmediato superior Horacio Castagnola, Director de la DGI. Ambos fueron removidos de sus puestos y reubicados en el Instituto de Estudios Tributarios de la AFIP.
  • Castagnola fue reemplazado por Angel Rubén Toninelli, según las fuentes muy allegado al Ministro Julio De Vido. Se había mencionado que Castagnola iba a ser reemplazado por Carlos Sánchez, asesor legal de Jorge Capitanich.

Como corolario de lo expuesto, adviértase que la justicia del principado de Liechtenstein investigó por lavado de dinero a Austral Construcciones. Un tribunal de primera instancia de ese principado europeo tiene bloqueados 10 millones de dólares de la empresa .[15]

“El dinero pasó por el banco Macro Bansud y por el Sud Bank and Trust Ltd. de las Bahamas, para terminar en el Hypo Investment Bank AG de Liechtenstein. Los fondos fueron depositados en una cuenta abierta por Trade 24 Ltd. de Victoria, la capital de la república de Seychelles, conformada por más de un centenar de pequeñas islas ubicadas en el océano Indico, al noreste de Madagascar.Esa cuenta fue abierta bajo requerimiento administrativo de normas de seguridad internacionales; según ese trámite allí debían moverse fondos provenientes de la venta de sistemas de calefacción, pero los únicos recursos que finalmente se movieron fueron los de la empresa santacruceña. El 15 de mayo de 2006 se depositaron 10 millones de dólares provenientes de Austral Construcciones SA de la Argentina, y que la transacción no cumplió con los estándares internacionales requeridos para la operación…”. “Al tribunal europeo le llama la atención el recorrido del dinero, que incluyó una maniobra de compra venta de títulos en su paso por Bahamas. La investigación judicial también ha puesto el ojo sobre las razones por las cuales el dinero de Austral Construcciones se depositó en una cuenta en la que la empresa santacruceña no aparecía comprometida directamente…”

Es importante destacar que con motivo de esta investigación se piden informes al Gobierno de Santa Fe, por ese entonces en cabeza del actual diputado del Frente para la Victoria Jorge Obeid. Téngase presente que en la licitación de provisión de maquinarias motoniveladoras se encontraron importantes irregularidades por el irrisorio monto de $ 51 millones por 140 máquinas chinas Dinsheng Tiangong.. En esta operación fundamenta Austral Construcciones, a través de su contador Fernado Butti, el origen de los fondos investigados en Liechtenstein. “El dinero pasó por el banco Macro Bansud y por el Sud Bank and Trust Ltd. de las Bahamas, para terminar en el Hypo Investment Bank AG de Liechtenstein. Los fondos fueron depositados en una cuenta abierta por Trade 24 Ltd. de Victoria, la capital de la república de Seychelles, conformada por más de un centenar de pequeñas islas ubicadas en el océano Indico, al noreste de Madagascar.Esa cuenta fue abierta bajo requerimiento administrativo de normas de seguridad internacionales; según ese trámite allí debían moverse fondos provenientes de la venta de sistemas de calefacción, pero los únicos recursos que finalmente se movieron fueron los de la empresa santacruceña. El 15 de mayo de 2006 se depositaron 10 millones de dólares provenientes de Austral Construcciones SA de la Argentina, y que la transacción no cumplió con los estándares internacionales requeridos para la operación…”. “Al tribunal europeo le llama la atención el recorrido del dinero, que incluyó una maniobra de compra venta de títulos en su paso por Bahamas. La investigación judicial también ha puesto el ojo sobre las razones por las cuales el dinero de Austral Construcciones se depositó en una cuenta en la que la empresa santacruceña no aparecía comprometida directamente…”

Entre las hipótesis que se investigaron como maniobras de lavado figura la compra -a través de terceros- de títulos o pagarés a empresas de dudosa reputación, que son depositados como garantía para tomar créditos reales en bancos que operan legalmente. La maniobra permite reingresar el dinero justificado como un financiamiento legal, cuando la garantía es dinero propio cuya procedencia no se puede justificar en términos legales.

Ante esto, adviértase que el delito de facturación apócrifa los índices de eficiencia judicial son insignificantes, ya que de 10.200 condenas que se registraron en nuestro país durante el año 2006 solo 19 fueron por evasión fiscal , ademas del total de 55 mil presos en abril del 2007 solo 74 eran evasores[16].

A continuación presentamos el detalle de facturas truchas en las causas derivadas del caso Skanska pertenecientes a las empresas vinculadas a Nestor Kirchner

  • Gotti tiene $ 21.382.738 en facturas posiblemente truchas, donde las empresas fantasmas serian Wikan con $ 8.889.836 , La Nueva Argentina con $ 11.664.478 y Triple T con $ 828.420

  • Austral Construcciones es investigada por el juez Lopez Biscayart en un tramo de la causa sobre las facturas de Sol Group

  • Eleprint cuyo presidente es Gustavo Weiss, protesorero de la Camara Argentina de la Construccion tiene facturas de La Nueva Argentina por $ 105.209, de la firma Darom Construcciones por $ 5.883.750 y Echo Argentina con $ 132.139

  • Juan Felipe Gancedo SA. Tiene facturas truchas por $ 3.030.800 donde las empresas fantasmas serian serian las mismas que Gotti S.A. en donde se encuentran Wikan con $ 1.418.100 , La Nueva Argentina con $ 1.262.460 y Triple T con $ 350.240

  • Petersen ,THIELE & Cruz, del grupo Petersen cuyo titular es Enrique Ezquenazi , uno de los maximos beneficiarios por el Kirchnerismo tiene facturas apocrifas de Echo Argentina por $ 1.524.435y de Acquasa por $ 888.015 siendo un total de $ 2.412.450

5. Casos de Posible Corrupción que Involucran a Julio De Vido:

Para abonar los hechos descriptos corresponde hacer una síntesis de distintos casos de corrupción donde se investiga el pago de sobornos durante el gobierno de Néstor Kirchner, en la órbita del Ministerio de Julio de Vido.

– El Caso SKANSA: La causa N° 18.579/2006 denominada Skanska presentó la misma operatoria de sobreprecios y evasión ya descripta en oportunidad de denunciar la gestión de negocios de Austral Construcciones. En esta causa, donde también se vio mencionada GOTTI SA, se investiga el pago de coimas con facturas apócrifas.

Se encuentra acreditado que Néstor Ulloa, gerente general de Nación Fideicomisos, está imputado por ser quien supuestamente le recomendó a la constructora sueca que operara con la empresa fantasma Caliban-Infiniti Group. En el memorando interno de “contratación” de Caliban-Infiniti, Gerlero escribió: “El cliente, a través del Fideicomiso Nación (Contador Ulloa), nos recomendó la contratación de la ejecución de la Ingeniería de Detalle y de los distintos Manuales que solicita el pliego, a gente de su confianza, con el argumento inapelable de que sería la forma de conseguir una aprobación fluida y sin problemas del proyecto ejecutivo”. Tiempo más tarde, Skanska admitió ante la Justicia que los servicios de Caliban-Infiniti habían sido solicitados para blanquear “pagos indebidos”.

Las primeras tres operaciones del fideicomiso demoraron más de un año en llevarse adelante, pese a que los u$s. 91.300.000 que involucraban ya habían sido depositados desde el cuarto mes. Una de esas operaciones fue llevada a cabo por INVAP con la compañía de Philips como proveedor de software, otra fue de la empresa Medics, de incubadoras neonatales (que firmó en aquel momento un contrato de 25 millones de dólares y acaba de acordar uno nuevo por ochenta millones), y otra, la de los famosos Ascensores Servas.

Adviértase que Ascensores Servas SA es proveedora del Estado Nacional desde el 14 de marzo de 2002, y tiene oficinas en la planta baja de Alsina 909. Su balance de 2004 es realmente desalentador ya que tuvo 5.028.640,26 pesos de activos corrientes y un pasivo corriente de 1.334.684,81 pesos; vendió por 4.028.621,83 y perdió al final del año 95.260,35 pesos. En la Oficina Nacional de Contrataciones figuran también sus faltas: el 14 de enero de 2004 el director de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo suspendió la contratación por doce meses debido a incumplimiento. En el Ministerio de Economía le dieron de baja el contrato, ya que la Subsecretaría de Administración logró probar que había falsificado un certificado fiscal para contratar. El presidente de la atribulada Servas SA es el señor José Aizpun, la vicepresidenta es María de las Mercedes Primitiva Aizpun Noain y sus directores son Nely Gladys Dutruel, Marta de Pedro y Cristina Romilda Aizpun Noain. Nely Dutruel está calificada como “irrecuperable” en las agencias de información de créditos y el propio presidente Aizpun tiene una larga ristra de cheques rechazados: el 3, 7, 14 y 19 de diciembre de 2001, el 4 y 8 de enero de 2002, el 7 y 8 de febrero de 2002, el 11 de marzo, 8 de abril, 7 de mayo y 7 de junio de 2002, junto a varios créditos otorgados por el Banco Nación y el de la Provincia de Buenos Aires. Si se buscan referencias respeto a la vicepresidencia de la empresa, se verá que la señora María de las Mercedes Primitiva Aizpun Noain tiene una carrera empresaria verdaderamente versátil: a su función en una empresa de fabricación de ascensores agrega como actividad, a efectos fiscales, la de “venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa, incluye corsetería, lencería, camisetas, medias excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baño, etc.”. También ha sido declarada como “irrecuperable” por el Banco Provincia y por el Citibank. Marta Elena de Pedro de Aizpun, por su parte, también registra otra extensa ristra de cheques voladores en 2002.

Resulta por lo menos sospechoso que, con estas características, el gobierno de Néstor Kirchner presentara a Venezuela a esta empresa, en el marco de los acuerdos comerciales bolivarianos.

Según la Memoria Detallada del Estado de la Nación 2005, a través de Uberti el señor José Aizpun, presidente de Servas SA, cerró acuerdos con los ministerios de Comercio y Salud de Venezuela.


En la gira del 21 de noviembre de 2005, tanto Uberti como el presidente de Servas, Aizpun, acompañaron al presidente y entonces, según la agencia oficial Télam, “se discutió la radicación gradual de esa firma argentina” en aquel país. La primera etapa del convenio con Servas comprende un contrato de 25 millones de dólares, hay una segunda etapa de 30 millones y otro convenio con el Ministerio de Defensa que incluye instalar dos ascensores en el Palacio de Miraflores y en dos hospitales militares, por doce millones de dólares.

– Antonini Wilson, las valijas y la relación con Venezuela: Con todos estos antecedentes, Claudio Uberti estaba en el vuelo donde Antoninni Wilson pretendía ingresar al país 800.000 dórales sin declarar. Aquí nuevamente se encuentran involucrados Nestor Kirchner, Julio de Vido y Uberti.

Antonini Wison refiere en el Diario La Nación del 9 de noviembre[17], que como prueba se acompaña a la presente que, el domingo posterior al episodio de “la valija, Claudio Uberti se presento al hotel Sofitel entre las 6 o 6.30 de la tarde y le refirió “Tengo buenas noticias y malas noticias”. A mí no me gusta cuando me dicen eso. “La mala noticia es que no puedo cenar con ustedes porque me llamó el Presidente y tengo que ir a Olivos. Pero la buena noticia es que se están encargando de todo”. Uberti manifestó que Kirchner le preguntó por él “¿Cómo se portó el hombre?”, o algo parecido. Uberti me dijo que él le explicó y que Kirchner agregó: “El hombre es un caballo” o algo así y que “como este hombre nos banqueó”… “nosotros lo bancaremos hasta la muerte”.

Yo pensé: “Mierda, ahora que ya firmé el acta [se refiere al documento que firmó en Aeroparque en el que declaró que la valija con el dinero era suya] somos descartables, por eso no vamos a cenar”.

Cuando dijo eso de Kirchner, la sensación que me dio es que lo decía para que me sintiera parte del crimen, ¿sabe? El y yo. Pero yo le insistía: “¿Está seguro de que se están encargando de esto? ¿Está seguro?”. Uberti me repitió que no me preocupara por eso y me dijo: “Pídeme lo que quieras. El Presidente me dijo que puedes tener una licencia de carne”. Yo estaba sorprendido: “¿Licencia de carne?”. “Bueno, ¿recuerdas la primera vez que hablamos?”. Y yo me sorprendí de que recordara tanto de esa reunión.

Claudio Uberti me dijo que me podía dar una licencia de carne aunque la Argentina no había entregado una licencia desde 1900 no sé cuántos. Yo le dije: “Primero muéstrame que todo se solucionó” . Me respondió que teníamos que mantener el problema entre nosotros. “Alex, no quiero que le cuentes nada a Victoria”. “No le estoy diciendo nada. El que la llamó a ella fue Daniel para hablar contigo o ella lo llama de tu parte”. Pero él dijo que Victoria es sólo una secretaria y esto lo tenían que manejar entre nosotros. Cuando salimos del bar y volvíamos caminando al hotel, me pidió algo más: “No le digas a Diego”. “¡¿Qué?! ¡Es el padre de Daniel! ¿Por qué no debe saber?”. Y él dijo que si le decíamos algo, todo el dinero se iba a cortar.

En un momento le dije a Diego que Uberti me había comentado que todo estaba solucionado, pero él me respondió que “teníamos un problema grave. Esta vaina ha cogido demasiado vuelo”. Y me dijo que fuera a buscar el dinero: “Anda hoy o si quieres mañana, te vas con el chófer, coges esa vaina y el resto es tuyo”.

“Estábamos en el hotel y recibí un llamado de Marjorie a mi celular. Me dijo que me preparara, que íbamos para la Casa Rosada. Me dijo que me pasaba a buscar en 20 minutos. Entonces recibí un llamado de Victoria. “¡Ale!”, porque así me decía ella. “Ale, apúrate, estamos entrando al hotel”, y mientras hablábamos, entró con Marjorie y me vio en el bar y me apuró. “¡Andá así nomás, así en jeans! ¡Vamos!”. Pero les dije que no y subí a cambiarme. Fuimos a la Casa Rosada y cuando íbamos a pasar con el auto, nos dijeron que no. Victoria bajó la ventana, yo estaba sentado en el medio, y mostró algo y dijo algo y le abrieron la puerta. Antes de estar Victoria Llamó mientras estábamos dentro del auto. En la Casa Rosada vi a Uberti, a De Vido] y a la esposa del Presidente, la nueva Presidenta [Cristina Fernández de Kirchner]. (…) El dinero era de PDVSA para la campaña presidencial de Cristina. A pregunta de si -¿Podría ser que el dinero fuera de coimas correspondientes a los funcionarios argentinos por negocios bilaterales pero no para la campaña? Wilson “ …Eso es algo que tienen que analizarlo ustedes. Pero si el dinero fuera para algún mafioso o fuera una coima para Uberti, por menos de ese dinero me hubieran arrojado al Río de la Plata. Pero creo que eso no me pasó porque el dueño de ese dinero era alguien grande. ¿Por qué me enviaron a esa mujer [por María Cristina Gallini, jefa de turno de Aduanas en el Aeroparque? ¿Por qué eran tan amables conmigo?

La entrada irregular al país de Antonini Wilson es concomitante a la llegada de Hugo Chávez para cerrar los acuerdos sobre el gas licuado que implicaban la construcción de dos plantas por cuatrocientos millones de dólares.

La “relación estratégica” entre Venezuela y Argentina está basada en negocios turbios y frases grandilocuentes. :

  • Desde mayo de 2005 Venezuela le compra a Argentina Boden 2012. La operación comenzó con 100 millones de dólares y en casi dieciocho meses se adquirieron 3.600 millones de Boden 2012 y 400 millones de Boden 2015, anexados al denominado Bono del Sur. La compra de bonos argentinos, bautizados por Chávez como los “Bonos Kirchner”, que son “mil veces menos riesgosos que los del Tesoro de los Estados Unidos”, es utilizada por los venezolanos para poder sacar divisas del país. El mercado del dólar en Caracas, controlado teóricamente por el gobierno, tiene una cotización paralela. Dos mil cien bolívares por dólar en el cambio oficial o dos mil ochocientos en el paralelo, durante la semana pasada. El gobierno de Chávez vende a los bancos los Boden 2012 al precio oficial, y luego los bancos los vuelven a vender a sus clientes, pero al paralelo. Nadie cree en Venezuela que ese negocio sólo sea usufructuado por los banqueros, y las sospechas de corrupción estatal se multiplican.

6- Ricardo Jaime y la Secretaría de Transporte:

Otro de los miembros de la posible asociación ilícita es Ricardo Jaime, designado por Nestor Kirchner al frente de la Secretaria de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios.

A efectos impositivos, el Sr. Jaime declara tres inmuebles: una casa en Caleta Olivia de 81 metros cuadrados, una casa en Córdoba de 186 metros y otra en Nueva Córdoba de 49 metros cuadrados.

En “Hablen con Julio”, un trabajo de Francisco Olivera y Diego Cabot, se refiere a una anécdota que retrata el modus operandi de Jaime: ”La gestión de Jaime –escriben logró modificar drásticamente las reglas de juego del transporte nacional. Antes, las Cámaras tenían sólo una función de lobby sectorial. Todo cambia. Después de Jaime, los responsables de cada una de las firmas de colectivos urbanos tienen, además, la obligación de pasar, por lo menos una vez al mes, por la Cámara que los representa. Es para pagar, dicen, ”la cuota social”.

A lo largo de estos cinco años Jaime fue cuestionado y denunciado por diferentes episodios que responden a la operatoria que se describe en la presente denuncia.

De esta manera, Jaime fue involucrado por presuntas irregularidades en la concesión de ramales ferroviarios a la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia Sociedad Anónima (UGOFE). Según un informe de la AGN en el año 2004 se concesionaron sin licitación y mediante contratación directa ferrocarriles a Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A.

También Jaime se encuentra en la mira del Fiscal de Investigaciones Administrativas -cuya competencia fue restringida y cercenada por el gobierno de Kirchner- por la posible malversación de fondos públicos al pagar sobreprecios por la remodelación y reconstrucción de 120 vagones del Ferrocarril Belgrano Norte.

Recientemente, se anunció la compra de vagones de subterráneos a la empresa china CITIC en la suma de u$$ 850 millones mediante contratación directa. La transacción comprende 279 vagones circunstancia de la que surge que cada vagón costará poco más de 3 millones de dólares. Es dable mencionar al respecto que oportunamente el Estado pagó 1 millón y medio de dólares por cada vagón de los 96 que se adquirieron en su momento para la línea D de subterráneos. En consecuencia, mediante contratación directa, se realizaron compras y contrataciones en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación que deben ser investigadas en virtud de haberse incumplido con los principios superiores de la contratación pública como economía, eficiencia, transparencia, concurrencia y competencia, proporcionalidad y razonabilidad e igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

La gestión de Jaime en el caso el caso Southern Winds. Subsidios dudosos y la pista del narcotráfico:

Southern Winds fue constituida como una sociedad anónima inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 1610285, con último domicilio registrado en Suipacha 1111 piso 26 de la Capital Federal.

Es en el año 2000, donde se integra como accionista de SW la empresa BIXESARRI S.A una sociedad off – shore constituida en Montevideo. Esta empresa, perteneciería a Eduardo Eurnekián, titular de la firma Aeropuertos 2000, quien hizo un aporte a SW de 30 millones de dólares para luego transferir esas acciones a una

empresa europea denominada VOLARE que también sería propiedad de Eurnekián.

Así se advierte que este empresario, tenía mediante una sociedad “off shore” (Bixesarri S.A.) el 30% del paquete accionario de la línea aérea y que dicha sociedad fue ocultada mediante una persona de su confianza al que integró en el directorio de SW.

La difícil situación financiera de SW se verifica a través del análisis de los estados contables de la misma, correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2002 y el 30 de Junio de 2003.

En forma concomitante, a través del Decreto N° 1654 del 4 de septiembre de 2002, el Ejecutivo, había declarado el Estado de Emergencia del Transporte Aerocomercial en todo el territorio de la Nación Argentina, realizado por operadores nacionales sujetos a la competencia de la Autoridad Nacional, por el plazo de vigencia de la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Régimen Cambiario, conjuntamente con otras medidas tendientes a paliar la aguda crisis por la que atravesaba el sector.

En virtud de la cesación de actividad de las empresas LINEAS AEREAS PRIVADAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (LAPA) y DINAR LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANÓNIMA, y con el objeto de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a los usuarios, a los distintos destinos, y de conservar las fuentes de trabajo afectadas, el ESTADO NACIONAL consideró oportuna la creación de una empresa de transporte aéreo, que se encontraría transitoriamente y hasta su privatización en la órbita estatal, sujeta al régimen de derecho privado, a través del Decreto 1238/03, del 21 mayo de 2003.

Finalmente, el Decreto Nº 1238/03 pone a la empresa en cabeza de Julio de Vido y su Secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Según consta en el Acta N°1 del Directorio de la S.A. de fecha 30 de julio de 2003, fueron designados como presidente el Ing. José Alberto Bidart (operador político del Ministro) en representación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública, a cargo del Arq. Julio De Vido, en calidad de Vicepresidente, el Brigadier Jorge Eduardo Baravalle por el Ministerio de Economía, sindicado como consuegro del ex Ministro de Economía Roberto Lavagna, y finalmente como director al Lic. Nicolás Scioli, en representación de Intercargo, hermano del ex Vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli.

Visto la conformación accionaria de la empresa y las personas designadas en el directorio, la conexión y dependencia entre Lafsa y el poder Ejecutivo Nacional es a todas luces clara, estrecha y comprobable.

Por Resolución 350/04 de la Secretaría de Transporte de la Nación, se otorgó un plazo de 180 días a LAFSA , para dar inicio a sus operaciones .

Posteriormente, la firma se presentó ante la Secretaría de Transporte a solicitar rutas internacionales las que constituirían , en algunos de los casos descriptos en los manuales de riesgo de narcotráfico, como virtuales rutas de distribución de drogas ilegales.

Algunas de esas frecuencias se detallan a continuación:

· Buenos Aires.- Asunción- Ciudad del Este (3 frecuencias semanales)

· Buenos Aires- Lima- Quito- Guayaquil- Caracas-Bogotá (2 frecuencias

semanales)

· Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra-Caracas- Bogotá (4 Frecuencias

Semanales)

· Buenos Aires-Lima-Quito-Guayaquil- Caracas-Bogotá-México-Los Angeles

(3 frecuencias semanales)

· Buenos Aires- Santa Cruz de la Sierra- La Paz-Caracas-Bogotá- México-

Los Ángeles (3 frecuencias semanales)5

Para dar cumplimiento al servicio concesionado, suscribió dos contratos de sublocación de aeronaves: uno con SW firmado el 24 de noviembre de 2003 y otro con Aero2000 suscripto el 24 de marzo de 2004.

Finalmente, LAFSA firma con SW un acuerdo de cooperación empresaria que desarrollaremos posteriormente, para operar de manera conjunta la totalidad de su flota que a mayo de 2004 consistía en ocho aeronaves Boeing 737 afectadas al mercado doméstico y un Boeing 767 que cubría la ruta a Madrid.

  • Acuerdo Lafsa-SW

A mediados de 2003 la situación financiera de SW tal como ya fuera descripto y en virtud de los que surge de los estados contables, se hizo insostenible y, ante la inminencia del cese de sus operaciones, apareció la asociación estratégica” con la recién creada LAFSA, promovida , entre otros por el Secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime.

A mediados de 2003, el Presidente de la Nación Kirchner tomó la decisión política de no dejar caer a SW. Esta determinación, se plasmó en el Acuerdo de Cooperación Empresaria.. Ahora bien, la citada decisión política intentó ser disimulada en un cúmulo de declaraciones que resaltaban la sana –y supuesta- preocupación del gobierno acerca del mantenimiento de las fuentes de trabajo de las ex DINAR y LAPA y la intención de evitar un monopolio en el mercado interno de la aeronavegación.

En esa ocasión el ex Presidente de la Nación afirmó que “apostamos a un buen resultado; sabemos que los escépticos van a estar esperando que fracase, pero nosotros estamos convencidos que la calidad empresaria y la calidad de los trabajadores permitirá que esto pueda funcionar”. En la misma línea el Ministro de Planificación, Julio De Vido sostuvo que “estamos asistiendo a un hecho trascendente del transporte aéreo nacional que comienza a participar de emprendimientos ya experimentados en otras partes del mundo, como son las alianzas o acuerdos de cooperación empresaria como los de hoy, de los que hay muchos en el mundo”.

Según reseñó el diario La Unión, “El Presidente aclaró que pese a los cuestionamientos a la decisión de subvencionar el combustible de Southern Winds y los sueldos de los empleados de la ex LAPA y Dinar que incorpore, puedan acarrearle, privilegia resolver el problema de 850 trabajadores y evitar el monopolio en una actividad que requiere competencia”. Pero los hechos y el contenido de los acuerdos demuestran que la asociación entre SW y LAFSA era mucho más profunda de lo que se pretendía mostrar, y que excedía en mucho el carácter de mero soporte al funcionamiento de SW.

Para sostener esta afirmación entremos al estudio del citado acuerdo:

El 3 de septiembre de 2003 se firmó el Acuerdo de Cooperación Empresaria entre la Aerolínea estatal LAFSA y Southern Winds- ratificado por Resolución N° 191/03 de la Secretaría de Transporte a cargo de Ricardo Jaime y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 30 de Septiembre de 2003, página 16-. Los puntos salientes del acuerdo eran dos: LAFSA se comprometía a pagar el salario a 1000 empleados ex LAPA y DINAR, de los cuales 578 prestaban servicios en SW y 3,2 millones de pesos mensuales en combustible. Esta asociación –que es un subsidio poco encubierto- hizo posible que SW continuara operando.

Ante esto, es importante destacar que la propia letra del acuerdo en su cláusula primera marca que el mismo va mucho más allá de esto, al acordar las partes “poner en común sus esfuerzos respecto de la explotación de servicios aéreos y propiciar la distribución de los ingresos producidos por el mismo concertando los elementos operativos para mejorar sus resultados mediante una labor conjunta que permita la retención de empleados y la reincorporación de aquellos que dependen de la puesta en marcha de LAFSA”.

Aún más, en la cláusula séptima se creó un órgano de coordinación entre ambas empresas, con un representante de SW, uno de LAFSA y un miembro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ejerciendo este último la presidencia de tal cuerpo.

Queda claro entonces, que ni el Ministro De Vido, ni el Secretario de Transporte estaban en desconocimiento de la operatoria irregular en la que estaba incursa la empresa pues tenían a su cargo la titularidad del órgano encargado de coordinar la adopción de las decisiones comunes entre los distintos participantes de ese acuerdo empresario.

Como corolario de lo expuesto, podemos sostener, sin lugar a dudas que en este caso se utilizo una sociedad signada por subsidios, aprobados por Kirchner y operados por Julio de Vido con una empresa de dudosa reputación.

Estos elementos evidenciarían que el Gobierno Nacional de Kirchner no podía desconocer las particularidades y la situación en que SW se encontraba. La asociación era tan estrecha que no parece aventurado afirmar que –más cuando LAFSA no tenia aviones- existía una cuasi-identidad entre ambas empresas.

El caso SW es emblemático, porque prueba no solo la sociedad entre el Gobierno y una empresa sospechada de narcotráfico, sino que expone en forma palmaria como funcionarios del Gobierno permeabilizaban los controles a la compañía.

La persona encargada de esto fue Ricardo Echegaray, hombre de confianza de Néstor Kirchner y socio de Rudy Ulloa, cuestión que se encuentra acreditada mediante edicto publicado con fecha 8/02/01 donde se informa que por escritura pública N° 242/00, Ricardo Echegaray casado con Silvana Oviedo, transfiere la cuota de capital que le correspondiere de la Estación Del Carmen S.R.L, en la irrisoria suma de $ 16.000. No obstante esto, su esposa continuaría trabajando para la barriada El Carmen al frente de la Fundación Ayudemos a Mamá dependiente del Centro Comunitario.

Al igual que Lázaro Baez, entre sus actividades públicas su currículum da cuenta de su paso por el Banco de la Provincia de Santa Cruz, en su etapa estatal, para posteriormente incorporarse a la Aduana donde sus importantes y sucesivos ascensos fueron contrarios a lo establecido en la carrera administrativa, avanzando varios cargos sin concurso previo, sin evaluación de desempeño y sin la antigüedad necesaria .

En agosto de 2004, es nombrado finalmente, Director General de la Aduana, quedando bajo esta circunstancia con la responsabilidad del control aduanero en todo el Territorio Nacional.

Al igual que denunciáramos con el apartamiento de los funcionarios de la AFIP, el ex presidente Kirchner desplazó a la Dra. Carballal, titular por concurso de la Dirección Regional de Comodoro Rivadavia, quien se encontraba investigando CONARPESA, para ubicar allí al Dr. Echegaray.

Finalmente, recordemos que es el mismo funcionario quien reconoció que durante el año 2004 la aduana realizó un solo control sobre los aviones de la firma SW.

La complicidad de los funcionarios en el caso de drogas detectadas en España es evidente, ya que es obvio que no posible llenar valijas de drogas, explosivos o material bacteriológico y subirlos a un avión, evadiendo todo control, sin que exista la complicidad de miembros del Estado.

El Denominado “Tren Bala”. Irregularidades en la Licitación:

A poco de asumir a la primera magistratura y mediante el Decreto 1261/04, Néstor Kirchner estableció el marco del Plan de Reorganización, Recuperación y Modernización del Sistema Ferroviario Nacional. Todo ello, bajo la orbita del Ministerio de Planificación y la Secretaria de Transporte. A través del mismo, el Estado Nacional había tomado la decisión de recuperar la operación de los Servicios Interurbanos de Pasajeros de carácter ínter jurisdiccional, con el objetivo de reposicionar al ferrocarril en el sistema multimodal de transporte, a efectos de integrar el territorio, uniendo las provincias y ciudades que lo componen.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2005, mediante el Decreto N° 1.683 Kirchner aprueba el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de bienes y a la vez que promete los fondos para la realización de las obras de infraestructura y para material rodante, de acuerdo a los programas que se establezcan para el sistema ferroviario.

Sin embargo, a casi cuatro años de la instrumentación de este Plan nos encontramos en iguales condiciones en la prestación del servicio que previo a éste. Signado por sobreprecios, millonarios subsidios a las concesionarias, deficiente estado de la vías y unidades, altos índices de inseguridad y deterioro en la infraestructura, todo esto en desmedro de la calidad de vida de los usuarios y el incremento de la siniestralidad.

Amparada en el Decreto mencionado precedentemente, l a Resolución de Jaime N° 324/06 del 8/05/06 incorporó la obra “Electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio de Alta Velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires -Rosario-Córdoba” al Anexo II –Servicios ínter jurisdiccionales del Decreto N° 1683/05 , aprobando el Pliego de Bases y Condiciones para el posterior llamado a licitación.

Según la Resolución Nº 900/06 de la Secretaria de Transporte en su articulo 6 establece que la oferta se hará por ajuste alzado y que el presupuesto oficial es estimado, preliminar y condicionado a la especificidad técnica de la propuesta, como así también a la propuesta de financiamiento, estableciendo:

a) la suma de U$S 1.350.000.000. para la variante de Alta Velocidad integral Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES — ROSARIO (Provincia de SANTA FE) — CORDOBA (Provincia de CORDOBA) .

b) la suma de U$S 1.100.000.000 para la variante de Alta Velocidad Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES — ROSARIO (Provincia de SANTA FE) de Alta Prestación ROSARIO (Provincia de SANTA FE) — CORDOBA (PROVINCIA DE CORDOBA

Del análisis del Pliego surgen algunas particularidades que lo hacen discrecional, direccionado y pasible de modificaciones en las condiciones de contratación de la obra, a saber:

· El objeto y el alcance del proyecto no esta suficientemente determinado. El Estado Nacional delega en los oferentes la realización de estudios de ingeniería, factibilidad y ambientales, relegando la Administración su facultad de determinar las condiciones, características e impacto que pretende de dicha obra. La ausencia de un proyecto específico elaborado por el Estado dificulta la compulsa entre los distintos oferentes, porque no se establece un patrón común para la comparación. Tal es así que, en el caso de referencia, dos de las tres empresas precalificadas desistieron de la presentación por la ausencia de información para definir el costo de las obras civiles, además del poco tiempo para desarrollar una oferta tan compleja.

· Respecto del financiamiento se determinó que los oferentes deberían comprometer un financiamiento no inferior al 50% del monto total de la obra. Este requisito, por demás ambicioso, amparado en el sistema de “llave en mano”, también atenta y restringe la participación de distintos oferentes. Consecuentemente, se baja de la compulsa uno de los tres oferentes aduciendo su imposibilidad de cumplimiento.

En síntesis, de las tres empresas interesadas y cuya presentación determinaron el inicio del procedimiento de licitación pública sólo queda una que cumple con los requisitos del PBC y que, por lo tanto, pudo imponer su proyecto. Así se generó la ficción de una licitación que nunca se llegó a materializar, entre empresas que simulan una compulsa pero que, finalmente, dejan libre el camino a aquella que contaba con la totalidad de los requisitos contenidos en el Pliego. De este esquema, ya denunciado por el ARI en anteriores investigaciones, participan empresas afines al gobierno, tal es el caso de Electroingenieria[18]

En cuanto al financiamiento, el Pliego obliga a los oferentes a precisar las fuentes de financiamiento propias y de terceros, determinando que al momento de la presentación de la oferta se acompañe las cartas de compromiso que formalice y garantice el financiamiento propuesto. Vale agregar, ante este punto y si bien se abundará posteriormente en el presente informe, que el 12 de julio de 2007 se suscribió un acuerdo entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE y el oferente ALSTOM TRANSPORT SOCIEDAD ANONIMA – ALSTOM TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA – ALSTOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA – IECSA SOCIEDAD ANONIMA – GRUPO ISOLUX CORSAN SOCIEDAD ANONIMA Y EMEPA SOCIEDAD ANONIMA denominado GRUPO VELOXIA, que vincula la propuesta al financiamiento del BANCO SOCIETE GENERALE, como parte de la estructura de financiación exigida por el pliego[19] .

Así, el 17 de agosto de 2007, el Banco Societe Genérale presentó la descripción de la estructura financiera, en función de los mercados financieros y las condiciones del país y el Grupo Veloxia propuso el financiamiento del 80% para la parte electromecánica, otorgada por el ya mencionado Banco, con una tasa del 5,2 % anual y 16 años de plazo.

Posteriormente, tomando intervención mediante la Nota SF N° 236/07 del 30 de agosto del 2007, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, determinó los requisitos a cumplimentar para ejecutar el acuerdo de financiamiento, previo a la suscripción del contrato para la ejecución de la obra.

Ahora bien, el articulo 2 del Decreto de 96/08, por el que se aprueba la adjudicación, establece que, el 26 de marzo, el Ministerio de Economía y Producción deberá aprobar la estructura de financiamiento de la obra, en conformidad con las previsiones del memorando de entendimiento suscripto el 12 de julio de 2007 entre el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS —SECRETARIA DE TRANSPORTE— y SOCIETE GENERALE.

Esta estructura de financiamiento se formalizó con un cambio significativo de actores, sin que ello haya mellado la voluntad del gobierno: Se produce la salida del Banco comprometido originalmente e ingresa el Banco Natixis, el hecho se suscribe en los considerándos de la Resolución Nº 178/08 del Ministerio de Economía y Producción, donde costa que con posterioridad al dictado del Decreto Nº 96/08 el Consorcio adjudicatario de la Obra reemplazó al Banco SOCIETE GENERALE como financiador por el Banco NATIXIS y presentó, a través de este último, una nueva propuesta en la estructura de financiamiento que, entre otras cosas, amplia el plazo de 16 a 30 años e incrementa la tasa de interés que rondaría el 12%. Anual.

Se presume que las causas que originaron el retiro de la operación del Banco Societe Genérale se debieron a la falta de acuerdo de la Argentina con el Club de Paris para cancelar o reestructurar la deuda de U$S 6500 Millones, sumada a la grave crisis que atraviesa el banco francés. En otras circunstancias, si el Banco Societe Genérale anticipaba fondos, el seguro de riesgo de la operación debía ser obligatoriamente asumido por el Estado francés, a través de la Dirección General del Tesoro y de la Política Económica del Ministerio de Economía galo pero la situación de default de nuestro país imposibilita a Francia a asegurar el préstamo.[20]

Así, con posterioridad a la adjudicación se modifica la propuesta de financiamiento, por lo tanto uno de los requisitos de la oferta, cuando se retira el SOCITE GENERALE y es reemplazado por el Natixis. Por tanto, esta es una nueva propuesta, diferente por su composición, a la tenida en cuenta al momento de ser considerada para su elección.

La doctrina es muy clara respecto de la cuestión planteada por cuento entiende que una vez presentada la oferta y habiéndose abierto la misma, se producen efectos para el oferente que devienen en deberes y obligaciones.-

Así, la apertura de las ofertas permite su conocimiento por el licitante, los otros oferentes y los terceros interesados y trae como consecuencia inmediata su inalterabilidad y el deber de mantenerla. Si el proponente, no respeta estas cargas que le corresponden, incurre en responsabilidad de índole precontractual.

Por esto, a diferencia de lo que ocurre en la contratación civil, en la contratación administrativa, y la que esta en análisis lo es (contratación de obra pública) la regla es inversa, por cuanto una vez admitidas no pueden ser revocadas retractadas ni alteradas. Este principio que rige el proceso licitatorio, establece la inalterabilidad de las ofertas y su carácter vinculante. Se lo entiende como un resultado del acto administrativo de admisión y le es impuesto al oferente con el fin de tutelar la igualdad que la Administración debe darle a todos los interesados en la compulsa (oferentes).

Es por lo expuesto, que no fue irregular modificar las propuestas después de la admisión, porque atenta contra el principio de igualdad que debe existir entre los licitadores y que debe ser garantizada por el licitante en la totalidad del procedimiento.

El cambio del agente financiero[21], de la estructura y condiciones de financiamiento es, a nuestro entender una modificación sustancial a la oferta, por cuanto éste era un elemento requerido por el Pliego, evaluado por la Administración en el proceso de preselección y tenido en cuenta en el Decreto por el cual se aprueba la adjudicación (Decreto 96/08).

Es por lo expuesto que creemos que conforme los hechos ya descriptos, el proceso de licitación del denominado “tren bala” incurrió en diversas irregularidades que afectan principios básicos de la contratación pública. Se cercenaron derechos tales como el de la igualdad ante la ley, se direccionó la contratación a un solo grupo empresario que puede dar con los requisitos establecidos y se limitó el principio de concurrencia que hubiese permitido comparar distintas opciones y elegir la más conveniente.

Respecto al precio final de la obra la gestión de Jaime fue cuestionable. El costo promedio de los trenes balas en el mundo varia entre 7 y 10 millones de euros el Km. Recientemente se iniciaron las obras del tren de alta velocidad entre Pekín y Shanghai las que requerirían de una inversión de unos 21.900 millones de dólares (13.740 millones de euros) para un trayecto de 1.318 kilómetros. Es decir, alrededor de 10 millones de euros el Km. El presupuesto previsto por el Secretario Jaime es de alrededor de 1,2 millones de euros el Km, dejando la sospecha que el precio inicial con que se licitó es de valores irrealizables.

La obra fue adjudicada por una suma de 1.320.507.453 millones de dólares Ricardo Jaime trató de explicar el costo de la obra al indicar que “… este es el costo de la obra, como nosotros lo hemos pedido con financiamiento y estamos hablando de 1 a 15 años el costo del financiamiento la lleva a 3.300 millones”. Por tanto, a entender de este cuestionado funcionario el costo financiero total triplicaría el costo estimado inicial de la obra.[22]

Sobreprecios e irregularidades en la ejecución y financiamiento de las obras de ampliación de la red de transporte de alta tensión, interconexión MEM-MEMSP.-

– FONDO ELECTRICO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

En el año 1989 mediante la ley Nº 23.681se estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad de seis por mil de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país aplicadas a los consumidores finales, con la excepción de aquellos eximidos de tributar los gravámenes sobre la energía creados por las leyes 15.336, 15.574 y 19.287, y se determinó que las empresas prestatarias del servicio público de electricidad incluirían el recargo en la facturación que efectuaren a los consumidores finales, sobre el total facturado excluido todo recargo tributo que grave el consumo de electricidad, actuando como agentes de percepción a los efectos de su ulterior depósito de acuerdo a la reglamentación que establecerá la Secretaría de Energía.

Asimismo, dicha ley definió que el producto total de recargo fijado se destinaría a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad que sean servidos directamente por la mencionada empresa, a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios del resto del país y que cuando existieren otras empresas o entidades que presten los servicios directos a usuarios finales, que no pertenezcan a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz, esta última transferirá los importes transferidos por el gravámen establecido por la presente ley a dichas empresas o entidades, en la proporción que les corresponda. Siendo, la provincia de Santa Cruz beneficiada por el gravámen del seis por mil hasta la interconexión de la misma con el Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.).-

El proyecto fue aprobado cuando el ex presidente Néstor Kirchner era el intendente de Río Gallegos dos años después llegaría a la gobernación.

Es decir que el espíritu de la ley era subsidiar el servicio de energía eléctrica de Santa Cruz y a su vez invertir en obras para la conexión. Esto se debe a que la provincia patagónica no estaba conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que conlleva que los habitantes santacruceños paguen una suma considerablemente mayor por el servicio de luz

Si bien desde ese año llegan a la provincia millones de pesos –eran pesos/dólares hasta la devaluación de 2001- y los usuarios locales comenzaron a pagar un precio menor por el servicio, el costo de la energía eléctrica siguió siendo un gasto importantísimo para el pueblo santacruceño. Muchas veces, triplicando el cargo que se paga en otras partes del país.

En noviembre del 2005 el Centro de Educación al Consumidor (CE) asociación de consumidores denunció ante la justicia que 483 millones de pesos del fondo eléctrico de Santa Cruz fueron desviados de su destino original. Es dinero que se recauda con un recargo sobre todas las facturas de Edenor, Edesur y Edelap. Señalan que se aplicaron a subsidios cuando debían ser utilizados para obras. También presentaron una demanda penal contra el secretario de Energía Daniel Cámeron. Asimismo el CEC informo que “Según señalo la secretaría de Energía en su momento (noviembre del 2005) que en 15 años recaudaron 367 millones de pesos, de los que giraron a Santa Cruz $ 342 millones, pero ahí surge la primera contradicción, porque luego dicen que utilizaron 32,3 millones promedio por año, y eso da 483 millones de pesos en 15 años”,

Por otro lado el CEC reclamó a Energía información detallada sobre el tema. No obtuvieron respuesta, por lo que iniciaron una primera demanda por mora en la información. Así, el 1º de noviembre, la secretaría les giró un informe. “Allí aseguran que se han utilizado un promedio de 32,3 millones por año, pero ahí asignan $ 27,9 millones anuales a subsidios a la tarifa en Santa Cruz, y ese no era el único objetivo de la ley. Los fondos con afectación específica fueron utilizados para otros destinos”.

Asimismo las versiones periodísticas han indicado que, de los 4,4 millones de pesos anuales, promedio, que Energía dice que se usaron para obras, resulta que al ver el desagregado se trata de centros de distribución, subestaciones, alumbrado público, líneas de alta tensión y media tensión; nada que ver con la interconexión. Sólo hay una obra de 15 kilómetros de líneas de alta tensión que podría estar encuadrado en el objeto de la ley.

Actualmente, quien controla la estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) es Julián Osorio, ex candidato kirhcnerista a intendente de El Calafate.-

Mientras tanto las obras de interconexión anunciadas en el 2001 comenzaron el 2005 avanzaron y la propia presidenta Cristina Kirchner estuvo el día 1/05/08 en la localidad de Pico Truncado inaugurando la conexión de alta tensión de la ciudad de Puerto Madryn, la primera localidad santacruceña en conectarse a la línea nacional. Lo extraño, es que se hizo 19 años después de recibir esos aportes y el Fondo que los acumuló aportó un mínimo de recursos que no tienen relación con su cuantía y no cumplen con su verdadero objeto.-

Para dicha obra el Tesoro Nacional aportó en el año 2004 $ 90.890.000 y 445 millones durante 2005, transferidos de la jurisdicción noventa y uno, correspondiente a obligaciones a cargo del Tesoro al Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.-

La ley de creación, la 23.681, ya advertía que los aportes de todos los usuarios de luz de la Argentina debían ser invertidos en obras. A su vez, el Dec.1378/01 reglamentó dicha ley, y estableció que el recargo previsto en el artículo 1° de la Ley N°23.681 se “mantendra vigente luego de la efectiva interconexión de la Provincia de SANTA CRUZ, durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión de esa Provincia con el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI)”.

Este Decreto explica que ese dinero “se destinará a un fondo fiduciario, con la finalidad única y exclusiva de atender a las erogaciones que resulten de esa obra”. Pero las obras se financiaron con aportes de la Nación.

Consideramos necesario remarcar qué en los últimos meses se aplicaron aumentos en las tarifas de luz.

Por lo tanto con respecto a este último punto señalado, cabe preguntarnos: ¿El objeto del Fondo creado por Ley N° 23.681 no era, entre otros, reducir el nivel de tarifas de electricidad en Santa Cruz?.-

EL FONDO DE SANTA CRUZ A TRAVÉS DEL TIEMPO

1989

65801

1990

3229397

1991

12741426

1992

29433058

1993

20270000

1994

23925572

1995

24373698

1996

23819897

1997

26414351

1998

26511377

1999

22808032

2000

26200000

2001

26200000

2002

23897002

2003

26199999

2004

26200000

2005

35000000

2006

35000000

2007

35000000

TOTAL

447.289.610

La ley fijaba, en 1989, sólo el porcentaje del impuesto (0,6 por mil) pero luego, mediante la ley 25.064 se le puso un tope al monto de la transferencia a Santa Cruz de $26.200.000 . Durante la gestión de Néstor KIRCHNER se aumentó el tope a $35.000.000.

El excedente ingresa a las arcas del Tesoro Nacional y se usa a discreción, habiendo sido responsabilidad de cada uno de los secretarios de energía, incluido el actual Secretario Sr. Daniel Camerón, el adecuado y regular manejo de dichos fondos. Adviértase, que es el mismo Tribunal de Cuentas que debió intervenir respecto de los fondos de Santa Cruz enviados al exterior del país, y su actuación fue cuestionada en tanto que su constitución, con mayoría oficialista, habría sido determinante.-

La construcción, operación y mantenimiento de la Línea en Extra Alta Tensión de 500 Kv entre Pico Truncado y Puerto Madryn habría financiado, en un 96% por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Santa Cruz (3%) y Chubut (1%).-

PLAN FEDERAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.-

El Plan Federal de Transmisión de junio de 2001 amplió el objeto del Fondo Federal de Transmisión. Debido a ello, se incluyó el financiamiento de obras de importancia para la confiabilidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.

Las líneas que serían financiables total o parcialmente por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal anunciadas para la fecha fueron cinco: Comahue-Cuyo,Noroeste-Noreste, Cuyo-NOA (Minera), MEM-MEMSP (Patagónica), Región Atlántica- Buenos Aires. Inicialmente, contaban con una longitud de 2.934 km.

Asimismo, el marco regulatorio del Plan Federal consistió en el sistema de convocatoria abierta, el cual debió ser reespecificado por la Secretaría de Energía ese mismo año para proceder con las negociaciones.

Durante los sucesivos años el Plan de Transmisión sufrió modificaciones tanto en la consideración de las líneas existentes, como la inclusión y eliminación de otras.

En el año 2003, dentro del Sistema Patagónico, ya durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner se decidió agregar al Plan otra nueva línea (Res. 831/03) entre las estaciones transformadoras Puerto Madryn y Pico Truncado, que sería financiada con aportes del Tesoro.

En noviembre de 2003 la ley 25.822 ratificó formalmente el Plan Federal de

Transmisión, y también resolvió que:

· Los recursos recibidos por CAMMESA que corresponden al Plan Federal de Electricidad, y los que la ley 24.065 puso bajo administración del Consejo Federal, deben ser puestos inmediatamente a disposición del Consejo Federal;

· Autorizó a la Secretaría de Energía a tomar las medidas regulatorias necesarias para comenzar los trabajos en el Plan de Transmisión Federal, especialmente notifica los 180 días de convocatoria abierta para la línea de Comahue-Cuyo y el primer tramo (Mendoza-San Juan) de la Línea Minera.

El proceso comenzó a mediados del año 2003 cuando la Secretaría de Energía, teniendo como marco de referencia el mencionado Plan Federal de Transporte, encomendó al Consejo Federal de la Energía Eléctrica el estudio y elaboración de un “Plan de Obras Imprescindibles para el quinquenio 2004-2008”, que brindasen soluciones a los Sistemas Regionales de Transporte Eléctrico.

Como ya señalamos, mediante la Resolución de la Secretaria de Energía Nº831/03 se incorporó al Plan Federal de Transporte en Quinientos Kilovoltios la Interconexión en Extra Alta Tensión entre las Estaciones Transformadoras Puerto Madryn y Pico Truncado, extendiendo de este modo el trazado de la Interconexión MERCADO ELECTRICO MAYORISTA – MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SISTEMA PATAGONICO (MEMMEMSP) hasta dicha localidad de Pico Truncado. Asimismo en dicha resolución se dejo manifestado que con posterioridad resultara imprescindible extender la prolongación hasta interconectar las localidades de RIO GALLEGOS y RIO TURBIO, todas ellas en la Provincia de SANTA CRUZ.-

A su vez, de la referida resolución, surge que la obra no estaba incluida dentro del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) cuya ejecución se financio con los recursos del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL, indicando asimismo que su ejecución sería financiada con aportes del Tesoro Nacional y quedaría a cargo del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF).

Así las cosas, resulta manifiestamente arbitraria, la decisión de incluir en el Plan Federal de Transporte en Quinientos Kilovoltios la Interconexión MEM-MEMSP.-.

Ello es así, si se tiene en cuenta que la Dirección Nacional de Prospectiva de la Subsecretaría de Energía Eléctrica pondero en un informe que realizó durante el año 2002, la prioridad de la interconexión NOA NEA, en su primera etapa (278 km. de línea de 500 Kv), por encima de las demás. Esta obra se evaluó como la mas beneficiosa porque resolvería en parte el problema de transporte que afecta la demanda domestica, reduciría significativamente la necesidad de convocar generación forzada, mejoraría el uso de capacidad instalada y permitiría utilizar la sobreoferta disponible en el sistema “Norte Grande Chileno” (importando energía). Por tales motivos se promovió llevar a cabo esta interconexión, en un 100% con el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).-

Por ello, resulta inexplicable que la interconexión patagónica que une el MEM con el MEMSP mediante la vinculación en alta tensión de Choele Choel con Puerto Madryn fuere la primer obra que entró en ejecución con financiamiento parcial del FFTEF y que con posterioridad se decidiere extender la interconexión patagónica hasta Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz.-

Es evidente que con esta decisión el Gobierno Nacional arbitrariamente decidió beneficiar con la realización de las obras a la región Patagónica, beneficiando específicamente a la Provincia de Santa Cruz, desoyendo la recomendación de prioridades que resulta incuestionable del informe ya citado de la Dirección Nacional de Prospectiva y a pesar de que esa interconexión no se encontraba incluida en el plan federal.-

En base a dicha información, reiteramos que llama poderosamente la atención que la interconexión MEM-MEMSP fuera la primer obra financiada por el FFTEF.-

– PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN 500 KV

El mapa corresponde a información oficial publicada en la página Web del Consejo Federal de Energía Eléctrica ( www.cfee.gov.ar). Sin embargo, aclaramos que no se encuentra actualizada respecto del tramo Puerto Madryn- Pico Truncado, ya que esta obra ha finalizado en noviembre de 2007.-

FONDO FIFUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL.-

Respecto del financiamiento, la herramienta más importante fue la formación del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico, decidiéndose que se alimentaría de recursos provenientes del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, principal fuente de los recursos específicos del sector eléctrico para todas las provincias.

El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica fue creado, mediante la Ley 15.336 Art.30) con el fin de contribuir a la financiación de los planes de electrificación.

Se integraría con:

I) Aportes del Tesoro nacional que se fijarán anualmente;

II) El 50% como mínimo del producido de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía, pudiendo el Poder Ejecutivo incrementar dicho porcentaje;

III) Regalías sobre el uso de las fuentes hidráulicas de energía;

IV) El derecho de importación de la electricidad que en cada caso establezcan los organismos competentes;

V) Recargo de m$n 0.1 por Kv/hora sobre el precio de venta de la electricidad;

VI) El producido de la negociación de títulos de deuda nacional que se emitan con cargo a ser servidos con recursos del Fondo;

VII) Recaudación por reembolso, y sus intereses, de los préstamos que se hagan de los recursos del Fondo;

VIII) Donaciones, legados, aportes y otros recursos no especificados anteriormente.

Esta ley fue modificada por la Ley 24.065 en 1992, en donde el Fondo de Energía Eléctrica se constituye por un recargo de $ 0.03 kW/hora sobre las tarifas que paguen los compradores del mercado mayorista (sustituye ítem (III) anterior). Además, se indica que la Secretaría de Energía puede modificar este valor en +/- 20%. Esta Ley también resolvió que el Fondo sería administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), y se destinaría: 60% para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FTC), y el 40% restante para el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). Ese mismo año, mediante el decreto 1.398 se resuelve que la Secretaria de Energía Eléctrica debe controlar que la asignación del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales se distribuya entre las Provincias que se hayan adherido a los principios tarifarios contenidos en la citada norma.

La Resolución 657/99 aumentó la sobrecarga de $2.40/MWh a $3.00/MWh. La recaudación por el $0.60 adicional por MWh debía ser puesto en el Fondo Federal de la Transmisión (FFTEF) que el Gobierno Nacional podría utilizar para extender la transmisión de 500 kilovatios.

Con el objetivo de una ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas para mejora de calidad y/o seguridad de la demanda, La Secretaría de Energía de la Nación, y según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 24.065, emitió la Resolución 333/01 incrementando el gravamen del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica a 3,0384 $/MWh.7

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica se encuentra facultado para reglamentar la aplicación de esos fondos y establecer los criterios de administración. Asimismo, es función del CFEE acordar los índices porcentuales para distribuir los recursos entre las provincias beneficiarias

La Resolución 174/00 de la Secretaría de Energía modificó la Resolución SE 657/99 referente a la constitución de un Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, a efectos de participar en el financiamiento de obras para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión, destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas para mejora de calidad y/o seguridad de la demanda.

En el contrato se constituyó como fiduciante el Consejo Federal de Energía Eléctrica, órgano dependiente de la Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Enonomía, y el fiduciario fue el Banco de la Nación Argentina. En tanto el beneficiario sería el Comité de Administración y las personas físicas o jurídicas que este indique como consecuencia de la aplicación de la metodología de participación del Fondo. Por último, el fideicomisario lo constituye el Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Los recursos del citado fideicomiso son:

· Las recaudaciones provenientes del incremento del 0,0006 $/kwh en el valor del

recargo sobre tarifas que deben pagar los compradores de energía eléctrica en el

Mercado Eléctrico Mayorista.

· La renta financiera que produzca la administración de dichos fondos.

· Los recursos que le asigne el Estado Nacional y las provincias.

· Las donaciones.

· Otros recursos que se obtengan para los mismos objetivos previstos en el Estatuto.

El financiamiento de la línea MEM-MEMSP corrió por cuenta del Estado Nacional, a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, en un porcentaje del 69%, y las empresas Aluar, 15,5%, e Hidroeléctrica Futaleufú, cono el restante 15,5%..-

OBRA DE INTERCONEXION MEM-MEMSP TRAMO PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO

La prolongación de la interconexión MEM-MEMSP hasta Pico Truncado, en Santa Cruz, se licitó en 2005. El contrato se completó mediante licitación pública Nº6/2005 y resultó adjudicada a la misma firma, Intesar S.A., por un total de $460.905.301,98.-

En forma separada, se licitaron los conductores y las estructuras de acero, adjudicados por 31.523.172,44 y 87.112.256 pesos, respectivamente. Toda la obra costo un total de 579.540.730,42.

Tales números surgen de la página Web del Consejo Federal de Energía Eléctrica.-

Sobre la realización de esta obra, un artículo periodístico del diario la política online de fecha 14/05/2008, que adjuntamos, indicó que existen sospechas de sobreprecios en la obra energética que corresponde a la extensión de la interconexión patagónica de las ciudades de Choele Choel y Puerto Madryn, y que a último momento y por fuera del Plan Federal se decidió extender hasta Pico Truncado. Señalando que “las dudas giran en torno a los costos que sin excusa visible varían, como siempre, hacia arriba.

Asimismo, y en este mismo sentido, el diario Crítica, en una nota del día 3 de junio del corriente año, que se puede ver en su página web (www.criticadigital.com), y del cual acompañamos copia, atento su fundamental importancia para la averiguación de la verdad objetiva en la presente causa, sostiene que “Obras energéticas, sobreprecios y Ministerio de Planificación componen un tríptico que se repite en la administración K.”.

En suma, los artículos periodísticos que acompañamos, indican que la Auditoria expresó que la obra se financió mediante el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y que para ello se convocó al sector privado para participar en dicho financiamiento y señalan que “el primer contrato de promoción de una ampliación que se celebró fue con las empresas Aluar S.A. –participando con el 15,5 por ciento en el proyecto- y Complejo Hidroeléctrico Futaleufú (otro 15,5 por ciento) siendo el Comité Administrador del Fideicomiso quien financió el 69 por ciento restante” y que con posterioridad “el contrato COM (Construcción, Operación y Mantenimiento) de la interconexión patagónica fue adjudicado el 22 de abril de 2004 a la empresa Integración Eléctrica Sur Argentino S.A. (Intesar S.A.) por un total de 159.661.815,15 pesos más IVA.-

SOBREPRECIOS EN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALTA TENSION, INTERCONEXION MEM-MEMSP (PATAGONICA), ENTRE LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS DE PUERTO MADRYN Y PICO TRUNCADO.-

En el presente apartado, venimos a exponer que según nuestros cálculos, y basándonos en los datos publicados en la Web del Consejo Federal de Energía Eléctrica, existe una gran diferencia de costos, entre la realización del primer tramo Choele Choel- Puerto Madryn (Chubut) de la obra de interconexión MEM-MEMSP, con respecto al tramo Puerto Madryn- Pico Truncado.-

El tramo Choele Choel- Puerto Madryn tuvo un costo COM por Kilómetro de $581.920, en tanto el segundo tramo Puerto Madryn- Pico Truncado tuvo un Costo por Kilómetro de $842..987 por Km.-

Ello indicaría que la empresa Intesar S.A, a cargo de la realización de ambas obras, y que pertenece a Electroingeniería, cobró un sobreprecio cercano al 50 %.-

Tal diferencia de precio por Km, entre ambas obras no tiene relación con el período de tiempo que trascurrió entre la realización del primer tramo y el segundo, que fue alrededor de 20 meses.-

A esta altura del relato, cabe mencionar que ambas obras son idénticas, ya que ambas son Lineas Electricas de Alta Tensión de 500 kV. Asimismo, fueron realizadas en el mismo territorio (patagónico) y por la la misma empresa, y en un período de estabilidad económica.-

Creemos que pudo haber existido como máximo, ajustes de costos del 16 %, según resulta de versiones periodísticas, sin embargo las diferencias proporcionales, como ya indicamos, son cercanas al 50% .

En este mismo sentido, con fecha 14/05/2008 un artículo periodístico del diario la política online, que adjuntamos, al referirse a la ampliación de la línea de alta tensión que unirá a Choele Choel, Puerto Madryn y Pico Truncado, señala que el costo de la línea ascendió sin causa de 545 mil pesos por kilómetro a casi 850 mil ya que la ampliación de la línea de alta tensión en la Patagonia costaría aproximadamente quinientos ochenta millones de pesos. Asimismo, destaca, que existe un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que aún no tiene dictamen final, y que resalta cómo el valor licitado para la obra de Choele Choel/Puerto Madryn es de 545.736,71 pesos por kilómetro, mientras que el costo de la extensión hasta Pico Truncado, firmado en 2005 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, asciende a 848.812,71 por kilómetro existiendo sólo un año de diferencia entre una y otra licitación y sin razones destacables para tamaña diferencia. Revelando que, del informe surge que “Si se incluyen conductores y estructuras metálicas la diferencia de valores es del 48 por ciento siendo la variación de precios según los índices del Indec cercana al 20 por ciento”.

FIDEICOMISOS CON VENEZUELA: EL CIRCULO KIRCHNER, UBERTI , DE VIDO, CHAVEZ.

El 6 de abril de 2004, se firmó en Caracas el “Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela” por el que se dispuso crear un fideicomiso con el dinero que Argentina pagara por la importación de combustible que se usa para producir electricidad. Esos recursos deberían ser utilizados para la compra de bienes industriales argentinos, según la previsión original, “petroenergéticos” y “agrícolas”.

El diario Página 12 en la nota firmada por Cledis Candelaresi[23] se refiere al desarrollo de este Convenio y menciona: “…Argentina está vendiendo productos de alto valor agregado”, se anima Gabriel Hormilouge, asesor de la Subsecretaría de Integración Latinoamericana y Mercosur y uno de los mentores locales de aquel fideicomiso administrado por el venezolano Bandes, que desde el primer pago, el 9 de agosto del 2004, y diciembre del 2006, acumuló algo más de 390 millones de dólares. Según da fe el colaborador de Jorge Taiana, esa suma se había gastado íntegra en compras de rubros muy diversos, no previstos en el acuerdo original. El listado incluye desde los hardware que la estatal Invap provee para equipamiento hospitalario, el software que para el mismo fin vendió la sede local de Philips, las incubadoras de Medix, los ascensores de Servas, hasta equipos electroenergéticos o maquinarias agrícolas, entre otros…”

Jorge Lanata en Perfil del27/NOV/05 “Perros lindos, lobos feos”[24] hace referencia a los u$s.90 millones que faltaron del fideicomiso y que luego fueron respuestos: “…El caso de los noventa millones tomó por sorpresa a todos: el 26 de enero llegó a la Cancillería un cable del entonces embajador argentino en Venezuela, Alberto Sadous. El título del cable era: “Grave situación”. Sadous, embajador de carrera nombrado allí por Duhalde, informaba sobre un tema realmente grave: la falta de noventa millones de dólares el fideicomiso que Argentina y Venezuela mantienen en el banco UBS de Nueva York. El cable en cuestión no ahorraba metáforas: “Esto afecta seriamente la relación”, decía, mencionando la palabra “corrupción” al menos en dos oportunidades. Sadous –quien en varias oportunidades se negó a dialogar con PERFIL– describía en el informe el mecanismo de ingeniería financiera que se habría utilizado: los 90 millones salieron del fideicomiso, volvieron a Venezuela, se vendieron en el mercado negro del dólar, se recompraron en el oficial, y alguien se quedó con la diferencia: 13 millones de dólares.

Al día siguiente, según manifestó el canciller Bielsa a este diario, trasladó el tema a todas las áreas técnicas competentes y se comunicó con el embajador venezolano en Buenos Aires.

El general Freddy Balzán (medalla de combatiente internacionalista entregada por Fidel, ex corresponsal de Prensa Latina en Managua) envió a la Cancillería, a las 18.19 hs. del 1º de febrero, una respuesta realmente curiosa, en la que manifestaba que, “como no tenemos experiencia en fideicomisos, retiramos todo ese dinero sin saber que no podíamos hacerlo”, y la suma, luego, volvió a su lugar de origen. Fuentes diplomáticas cercanas a Sadous sostienen que aquella “indiscreción” le costó el puesto.

La Cancillería afirma que Sadous tenía vencido su período de permanencia en el país, había tenido reuniones con dirigentes opositores y se prefirió cambiar al titular de la delegación.

La “primicia” del cambio de embajador fue publicada en Página/Oficial por el actual presidente de Télam, Martín Granovsky, aunque en el artículo nada se mencionó sobre la ausencia temporaria del dinero…”

Citamos algunos párrafos del artículo de Jorge Lanata en Perfil del 10/12/2006[25]:

La “relación estratégica” entre Venezuela y Argentina está basada en negocios turbios y frases grandilocuentes. Vamos por partes:
* Desde mayo de 2005 Venezuela le compra a Argentina Boden 2012. La operación comenzó con 100 millones de dólares y en casi dieciocho meses se adquirieron 3.600 millones de Boden 2012 y 400 millones de Boden 2015, anexados al denominado Bono del Sur. La compra de bonos argentinos, bautizados por Chávez como los “Bonos Kirchner”, que son “mil veces menos riesgosos que los del Tesoro de los Estados Unidos”, es utilizada por los venezolanos para poder sacar divisas del país, algo que contrasta con el fuerte discurso nacionalista del presidente reelecto. El mercado del dólar en Caracas, controlado teóricamente por el gobierno, tiene una cotización paralela. Dos mil cien bolívares por dólar en el cambio oficial o dos mil ochocientos en el paralelo, durante la semana pasada. El gobierno de Chávez vende a los bancos los Boden 2012 al precio oficial, y luego los bancos los vuelven a vender a sus clientes, pero al paralelo. Nadie cree en Venezuela que ese negocio sólo sea usufructuado por los banqueros, y las sospechas de corrupción estatal se multiplican. “El verdadero interés de los inversores en ese nuevo bono –escribió en Clarín el pasado 2 de noviembre Gustavo Bazzan, en una nota sobre el Bono del Sur– es que les pemitirá sacar divisas de Venezuela, tal como hoy lo hacen con el Boden 2012, quedándose en el acto con una diferencia no menor al 15%.”

Y con referencia al convenio dice:

“… Otro de los negocios poco bolivarianos con Venezuela se refiere al mítico “fideicomiso”: en el marco de los convenios bilaterales convive el comercio convencional (de commodities agropecuarias, autopartes, leche en polvo, aceites y harinas) con el Fideicomiso Cooperativo creado en 2004. El fideicomiso opera con el dinero que Argentina le paga a Venezuela por la compra de petróleo; por cada venta, Camesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) deposita el pago en una cuenta que el Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) tiene en Nueva York. La entidad del fideicomisario, o comitente, es PDVSA. Según la página web del propio Bandes, “un fideicomiso es una relación jurídica a través de la cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo en favor de aquél o de un tercero llamado beneficiario”. A través de este fideicomiso circulan más de 300 millones de dólares. Con ese dinero, por ejemplo, el ministerio de Salud de Venezuela compra productos argentinos, operación que se concreta con la firma del presidente Chávez, que avala contratos por suministro definitivo. Se supone que el trámite no debe durar más de cuarenta y cinco días, aunque en la actualidad cada contrato demora unos siete u ocho meses para ser aprobado. Según el reglamento del fideicomiso, se le adelanta a la empresa el 30% del valor de la compra, lo que vuelve el negocio ciento por ciento seguro. Distintas fuentes aseguraron a PERFIL que el especialista en calmar la angustia de los atrasos de meses en los contratos es Claudio Uberti, mano derecha de De Vido y personaje clave en los negocios venezolanos, además de titular del Occovi (Organo Controlador de las Concesiones Viales). Uberti sabe cómo “agilizar” los trámites y, de solicitarlo, las empresas cuentan con su buena voluntad de gestión. El par venezolano del ágil Uberti es Franklin Mendez, director del Bandes. “Lo que está fuera del fideicomiso tiene su lógica –confesó a PERFIL un funcionario de segunda línea del Gobierno nacional– pero lo que está por dentro del fidecomiso es inmanejable. Todo está bajo el aura de Claudio Uberti.”

Respecto a Ascensores Serva, mencionado en el artículo de Página 12 arriba citado, dice:

“UBERTI Y LOS ASCENSORES
En el mismo panorama de PERFIL en el que se anunció en exclusiva la renuncia de Lavagna, el 27 de noviembre de 2005, un apartado mencionaba el famoso fideicomiso venezolano y la “desaparición” de noventa millones de dólares: “El 26 de enero –decía el artículo– legó a la Cancillería un cable del entonces embajador argentino en Venezuela, Alberto Sadous. El título del cable era ‘Grave situación’. Sadous, embajador de carrera nombrado allí por Duhalde, informaba de un tema verdaderamente grave: la falta de noventa millones de dólares del fideicomiso entre Argentina y Venezuela. El cable en cuestión no ahorraba metáforas: “Esto afecta seriamente la relación”, decía, mencionando la palabra “corrupción” al menos en dos oportunidades. Sadous –quien en varias oportunidades se negó a hablar con PERFIL– describía en el informe el mecanismo de ingeniería financiera que se habría utilizado: “Los 890 millones salieron del fideicomiso en Nueva York, volvieron a Venezuela, se vendieron en el mercado negro del dólar, se recompraron en el oficial y alguien se quedó con los trece millones de dólares de diferencia”. Según manifestó el canciller Bielsa a este diario, el general Freddy Balzán (medalla al combatiente internacionalista entregada por Fidel, ex corresponsal de Prensa Latina en Managua) envió a las 18.19 del 1º de febrero un curioso cable a la Cancillería argentina, donde expresaba: “Como no tenemos experiencia en fideicomisos, retiramos todo ese dinero sin saber que podíamos hacerlo”. Fuentes diplomáticas aseguraron que aquella “indiscreción” le costó el puesto a Sadous.
Las primeras tres operaciones del fideicomiso demoraron más de un año en llevarse adelante pese a que los 91.300.000 dólares que involucraban ya estaban depositados desde el cuarto mes. Una de esas operaciones fue llevada a cabo por INVAP con la compañía de Philips como proveedor de software, otra fue de la empresa Medics, de incubadoras neonatales (que firmó en aquel momento un contrato de 25 millones de dólares y acaba de acordar uno nuevo por ochenta millones), y otra, la de los famosos Ascensores Servas, sobre la que abundaremos más adelante. Los noventa y un millones en efecto estuvieron “desaparecidos” y la primera tarea de Nilda Garré cuando asumió la Embajada en Caracas fue normalizar aquel escándalo.
Ascensores Servas SA es proveedora del Estado nacional desde el 14 de marzo de 2002, y tiene oficinas en la planta baja de Alsina 909. Su balance de 2004 es realmente un poco desalentador: tiene 5.028.640,26 pesos de activos corrientes y un pasivo corriente de 1.334.684,81 pesos; vendió por 4.028.621,83 y perdió al final del año 95.260,35 pesos. En la Oficina Nacional de Contrataciones figuran también sus faltas: el 14 de enero de 2004 el director de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo suspendió la contratación de doce meses por incumplimiento, y en el Ministerio de Economía le dieron de baja el contrato, ya que la Subsecretaría de Administración logró probar que había falsificado un certificado fiscal para contratar. El presidente de la atribulada Servas SA es el señor José Aizpun, la vicepresidenta es María de las Mercedes Primitiva Aizpun Noain y sus directores son Nely Gladys Dutruel, Marta de Pedro y Cristina Romilda Aizpun Noain. Como se ve, el sesgo progresista que llevó a Servas a integrar su directorio sólo con mujeres parece ser un distintivo. Y para colmo son personas que sufren los embates de la economía: Nely Dutruel está calificada como “irrecuperable” en las agencias de información de créditos y el propio presidente Aizpun tiene una larguísima ristra de cheques rechazados: el 3, 7, 14 y 19 de diciembre de 2001, el 4 y 8 de enero de 2002, el 7 y 8 de febrero de 2002, el 11 de marzo, 8 de abril, 7 de mayo y 7 de junio de 2002, junto a varios créditos otorgados por el Banco Nación y el de la Provincia de Buenos Aires. Si se buscan referencias respeto a la vicepresidencia de la empresa, se verá que la señora María de las Mercedes Primitiva Aizpun Noain tiene una carrera empresaria verdaderamente versátil: a su función en una empresa de fabricación de ascensores agrega como actividad, a efectos fiscales, la de “venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa, incluye corsetería, lencería, camisetas, medias excepto ortopédicas, pijamas, camisones y saltos de cama, salidas de baño, trajes de baño, etc.”. También mantiene un excelente vínculo con el Banco Provincia aunque ahora transita por dificultades: ha sido declarada “irrecuperable” por ése y por el Citibank. Marta Elena de Pedro de Aizpun, por su parte, también registra otra extensa ristra de cheques voladores en 2002. Y Cristina Aizpun Noain también fue considerada “irrecuperable” por el Banco Provincia y el Citi. Esta pujante pyme argentina fue presentada por el gobierno de Néstor Kirchner al de Venzuela, en el marco de los acuerdos comerciales bolivarianos. Según la Memoria Detallada del Estado de la Nación 2005, de la mano del ágil Claudio Uberti el señor José Aizpun, presidente de Servas SA, cerró acuerdos con los ministerios de Comercio y Salud de Venezuela. En el Portal ALBA (Alternativa Bolivariana para Nuestra América), bajo el acápite “Documentos suscriptos entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”, figura la “Carta de intención entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa argentina Ascensores Servas”, que “tiene por objeto fortalecer la infraestructura hospitalaria a través de la puesta en funcionamiento de ascensores en el sistema hospitalario venezolano”.
En la gira del 21 de noviembre de 2005, tanto Uberti como el presidente de Servas, Aizpun, acompañaron al presidente y entonces, según la agencia oficial Télam, “se discutió la radicación gradual de esa firma argentina” en aquel país. La primera etapa del convenio con Servas comprende un contrato de 25 millones de dólares, hay una segunda etapa de 30 millones y otro convenio con el Ministerio de Defensa que incluye instalar dos ascensores en el Palacio de Miraflores y en dos hospitales militares, por doce millones de dólares. Servas, con la ayuda de Uberti –perdón–, se va para arriba.”

En otro artículo de Lanata en el Diario Perfil del 25/02/2007[26] al referirse a este tema comenta : “…En dos oportunidades (ver PERFIL del 27/11/05 y del 10/12/06) nos hemos ocupado de informar sobre el fideicomiso con Venezuela, advirtiendo sobre las irregularidades en el mismo. El fideicomiso opera con el dinero que Argentina le paga a Venezuela por la compra de petróleo; por cada venta Camesa (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) deposita el pago en una cuenta que el Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) tiene en Nueva York. La entidad del fideicomisario es PDVSA, y por ese fideicomiso circulan unos trescientos millones de dólares. Con ese dinero el Estado venezolano compra productos argentinos en un trámite que no debería durar más de cuarenta y cinco días pero que demanda hoy unos siete meses por cada contrato. Por reglamento, el fideicomiso adelanta un 30% del pago a la empresa proveedora que, así, prepara su primer envío. Es lo que se llama un negocio seguro. Tan seguro y pretendido que en esos siete meses el vicecónsul real Uberti se hace unas horas para conversar con cada empresa y, cuando se lo solicitan, “agiliza” el trámite con el visto bueno de su par venezolano, Franklin Méndez, director del Bandes. Del fideicomiso, como se informó en estas páginas en su momento, desaparecieron 91,3 millones de dólares que, luego de conocido el hecho, volvieron a aparecer. Pero más allá de los faltantes (¿quien no ha tenido alguna vez, en su cuenta corriente, un faltante de varios millones?) lo escandaloso del fideicomiso con Venezuela tiene que ver con dos contrataciones: la de ascensores Servas y la de Faraday, una empresa sin actividad económica y con cinco empleados que se presentó para solucionar los problemas energéticos de la región.”

También la revista Fortuna[27] se refiere a los negocios dentro de este convenio:

Con un monto superior a los u$s 1.100 millones cerraron el 2007 las relaciones comerciales entre Venezuela y Argentina, según las estimaciones de la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana (CCAV), lo que es equivalente a 1.375 valijas como la que trajo Guido Antonini Wilson el pasado 4 de agosto. Y aunque el Washington Post señala que “es bien sabido desde hace tiempo que las relaciones cercanas entre Venezuela y la Argentina no son el resultado de una mera afinidad ideológica”, lo cierto es que desde 2004, y por la afinidad entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, el comercio entre ambos países se ha incrementado en casi 800%. Lo que también es verdad, es que este estrechamiento de lazos es “estimulado por los petrodólares”, como igualmente señaló el diario norteamericano. Ahora bien, para disgusto de quienes levantan la bandera de la cercanía ideológica, ninguno de los convenios con grandes empresas argentinas anunciados por Chávez ha resultado un gran negocio desde el principio.

Las ganadoras en esta relación a ritmo de joropo y tango son cerca de mil empresas, en su gran mayoría PyMes, que han exportado sus productos al país caribeño aprovechando en primera instancia el fideicomiso establecido por la Argentina y Venezuela en el Convenio Integral de Cooperación firmado el 6 de abril de 2004. Este convenio permite el intercambio del fuel oil, enviado por el gobierno de Chávez, por productos agroindustriales argentinos. El fideicomiso opera con el dinero que Argentina le paga a Venezuela por la compra de ese derivado de petróleo, y que, a su vez, debe ser utilizado por Venezuela para comprar productos y tecnología agraria argentina. El fideicomiso se maneja a través del venezolano Banco Nacional de Desarrollo (Bandes), que paga a las empresas argentinas con cheques de cuentas que están en la “imperial” ciudad de Nueva York.

Sin embargo, el dinero de este fideicomiso y las compras del Estado venezolano no representan el total del intercambio entre ambos países. “El comercio bilateral ha crecido más allá del Convenio de Cooperación. El fideicomiso ha sido una gran herramienta, pero las empresas privadas han hecho un muy buen trabajo para incrementar sus exportaciones hacia Venezuela”, según explica el director ejecutivo de la CCAV, Jorge Eduardo Rastrelli. Hasta octubre de 2007, el monto del intercambio fue de u$s 1.013,5 millones, un 56,3% más que en el mismo período de 2006, y de ese total lo que la Argentina le vende a Venezuela suma u$s 995.494.285, es decir, cerca del 98% de toda las relación bilateral.

En cambio, los negocios anunciados por Chávez, que en su momento coparon las tapas de los principales diarios, tienen diversos problemas para desarrollarse. El denominador común de estos problemas es el retraso en los giros desde el gobierno venezolano, y la extrema burocracia con la que tienen que lidiar los empresarios para la aprobación de proyectos y la facturación. Algunos de los casos emblemáticos son el préstamo y la compra de leche a SanCor, la construcción de dos buques petroleros en Astilleros Río Santiago y la llegada a la Argentina de las estaciones de servicio de PDVSA. “La asignatura pendiente es empezar a flexibilizar la burocracia, que es excesiva e innecesaria. Uno de los grandes problemas es el sistema cambiario venezolano a la hora de emitirse los pagos. Eso es lo que más asusta a los empresarios”, aseguró Rastrelli.

BARCOS SIN ZARPAR. Uno de los primeros anuncios de la potenciada relación entre Venezuela y la Argentina fue la construcción de cuatro buques cargueros para la flota de PDVSA por parte de Astilleros Río Santiago. El acuerdo se firmó en julio de 2004 entre los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y especificaba que se construiría un primer buque en 30 meses y, después, tres más.

Tras un retraso de más de tres años, recién a finales de 2007 empezó la cuenta de los mencionados 30 meses, tras resolverse el gran obstáculo del abastecimiento de la materia prima para la construcción de buques. “Las compras de chapa naval ya no se hacen a través de la venezolana DIANCA, sino que las hace directamente Río Santiago”, explicó el vocero del astillero argentino, Pablo Galeano. A la lentitud extrema de la empresa estatal venezolana para proveer el material y hacer los pagos, se sumó la cuestionada decisión de los venezolanos de contratar para el diseño de los planos a una empresa española que fue a la quiebra, por lo que hubo que empezar desde cero con una compañía brasileña. El “Eva Perón”, nombre con el que saldrá al mar el carguero, tiene como principal obstáculo a la burocracia. Fuentes del Astillero Río Santiago confirmaron que para agilizar el envío de recursos, el presidente de esta empresa, Julio César Urién, tuvo que hacer, por lo menos, un viaje por mes a Caracas en el recién finalizado 2007. Incluso, tres empleados de PDV Marina (empresa naviera de PDVSA) se encuentran instalados permanentemente en las oficinas centrales del astillero en Ensenada, para que se puedan agilizar los trámites.

FALLIDO. El salvataje a SanCor y la compra de leche fue otra de las banderas de la cooperación binacional. En noviembre de 2006, la embajadora argentina en Caracas, Alicia Castro, sorprendió al mundo empresario argentino al señalar que Venezuela prestaría u$s 135 millones a SanCor, de los cuales 80 serían para que pagara sus deudas internacionales y 55 se dedicarían a capital de trabajo. La idea de fondo era evitar que la empresa fuera comprada por capitales privados, extranjeros o nacionales.

Fuentes internas de SanCor confirmaron que la empresa aún sigue esperando la llegada del dinero. El acuerdo marco se firmó en diciembre de 2006, pero el dinero debía esperar a que se finalizara con la letra chica del convenio. A finales de enero de 2007 estaba todo listo para el viaje a Caracas y la firma del vicepresidente de la cooperativa, Ítalo Gestaldi, pero al parecer la letra por definir no era tan chica. El Gobierno chavista no sólo quería la leche en polvo como forma de pago, sino que también pedía una transferencia de tecnología para instalar plantas en el país. El viaje de Gestaldi se retrasó hasta unos días antes del encuentro entre Kirchner y Chávez en la venezolana ciudad de Puerto Ordaz, en febrero del año pasado.

Tres meses después de ese encuentro, SanCor recibió lo que hasta ahora son los únicos recursos enviados : unos u$s 15 millones, por lo que su saldo con los acreedores internacionales sigue en rojo.

SIN ESTACIONES. Una vez establecidos los primeros convenios de cooperación entre Venezuela y Argentina, el gobierno de Hugo Chávez anunció que PDVSA entraría al mercado argentino para comercializar tanto nafta como lubricantes directamente al consumidor final. A casi cinco años de aquellos dichos, PDVSA sólo opera dos estaciones de servicio en toda la Argentina, en conjunto con la estatal petrolera Enarsa.

El 1º de febrero de 2005, el propio Chávez, de visita a la Argentina para inaugurar una de esas dos estaciones, aseguró que PDVSA estaba interesada en la compra de los activos de Shell y que ese mismo año abrirían 600 plazas similares en toda Argentina. Incluso, el ministro venezolano de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, señaló que el precio del paquete de Shell que incluía 150 estaciones de servicio propias, 750 controladas por contrato y una refinería en Buenos Aires, estaba “en plena discusión”. Incluso, Ramírez advirtió que “probablemente” para mediados de ese año se iba a poder concretar la compra.

El último de los fallidos anuncios de la llegada de las estaciones de servicio de PDVSA ocurrió en octubre pasado, cuando la petrolera reveló que estaba interesada en comprar los activos de Exxon en la Argentina, que están bajo la marca Esso, y que incluyen una refinería en Campana. En noviembre el directorio de Exxon comunicó a PDVSA que “por cuestiones corporativas” no era posible seguir adelante con la negociación, lo que dejó el camino libre a Petrobras.”

9- Enumeración de Denuncias. Eje en el Ministerio de Planificación Federal.

La breve enumeración de las distintas denuncias, que haremos a continuación establecen como eje central al Ministerio de Planificación Federal.

– Desvío de 6 millones de dólares destinados a recuperar la capacidad técnica de Atucha II: Aquí la metodología resultaría similar al caso Skanska. La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NaSa) dependiente de la Secretaría de Energía (Ministerio de Planificación) y encargada de finalizar Atucha II firmó un convenio con la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) a los fines de capacitar a ésta última técnicamente para darle sustentabilidad a la recuperación de la mencionada Central. Sin embargo, ese dinero habría sido desviado a la empresa Dioxitek SA, para compras cuya finalidad no serian compatibles con las del Convenio. Por tanto, en este esquema también se reitera la misma operatoria denunciada: existe un fideicomiso, una empresa no habilitada al efecto y presenta como justificativo facturas “truchas”. Todo esto, bajo la orbita del Ministerio de Planificación[28].

Nótese, que Sindicatura General de la Nación (SIGEN) indicó que “En varias compras no se fundamentaron ni acreditaron: las necesidades, las cantidades y oportunidades de las compras, ni la razonabilidad del precio pagado. Tampoco existieron análisis de otras posibilidades para satisfacer los requerimientos. Ni se constataron en los expedientes los estudios de precios, cantidades y calidades que se ofrecían en el mercado nacional e internacional”. [29]

Licitacion Irregulares para carceles: Actuación de Kirchner y De Vido: Licitaciones N° 02/4 y 03/4 correspondientes a las cárceles del Complejo Federal Agote, sita en Mercedes Provincia de Buenos Aires y el Centro Federal penitenciario Litoral Argentino, sito en Coronda Provincia de Santa Fé.

Estas Licitaciones se iniciaron a principios del 2004. Las Unidades Ejecutoras del Programa son el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Ministerio de Planificación Federal.

Capacidad de la contratación: Conforme surge del pliego, para presentarse a esta licitación el Proponente debió presentar certificado acreditando su capacidad de contratación actualizada, expedido por el Registro de Constructores de Obra Pública. Téngase presente que entre otros empresarios, en este Registro opera Enrique Wagner presidente de ESUCO.

El “modus operando” denunciado se reitera en esta licitación que fue parada a instancias de una denuncia penal de los diputados Adrian Perez y Marcela Rodriguez, que como prueba se acompaña a la presente.

Las tres (VER) licitaciones cuyos procesos son aquí denunciados comparten una particularidad: a través de un decreto de necesidad y urgencia, los montos de los presupuestos originales fueron sustancialmente elevados por el Poder Ejecutivo Nacional, acomodándolos ostensiblemente a los requerimientos de las corporaciones elegidas por la Comisión Mixta de evaluación de ofertas.

Como veremos en el siguiente cuadro, el 1º de junio de 2005, mediante el Decreto N° 565/05, publicado en el Boletín Oficial el 3 de junio de 2005, el Presidente Kirchner decidió incorporar a la Planilla Anexa 12 de la Ley de Presupuesto, la construcción y el mantenimiento de las cárceles de Salta, Mercedes y Santa Fe, asignando sus presupuestos de la siguiente manera:

Bienes y Servicios

Monto Total

Construcción Complejo Federal de Condenados de Mercedes

$ 189.606.167

Construcción Centro Federal del Noroeste Salta

$ 64.985.972

Construcción Centro Federal del Litoral-Coronda-Santa Fe

$ 42.857.803

Mantenimiento Complejo Federal de Condenados de Mercedes

$ 16.300.000

Mantenimiento Centro Federal del Noroeste Salta

$7.500.000

Mantenimiento Centro Federal del Litoral-Coronda-Santa Fe

$ 4.600.000

Total a devengar presupuesto 2005

$ 74.869.862

Los presupuestos fijados responden exactamente a las solicitudes planteadas por las firmas elegidas por la Comisión Mixta, y aumentaron los costos para el Estado Nacional de una manera escandalosa y arbitraria, con el manifiesto único fin de satisfacer los deseos empresarios, en lugar de perseguir el bien común que debe guiar toda licitación pública. Veamos los casos en particular:

El 15 de marzo de 2004, a través de la Resolución 122/04 suscripta por el Arq. Julio De Vido, se aprobaron el Pliego de Cláusulas Generales, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Programa de Necesidades y Especificaciones Técnicas y demás documentación licitatoria del Centro Federal Penitenciario del Noroeste-Salta- Expediente n° 0265120/03.

El presupuesto oficial correspondiente a la Etapa de Proyecto y Ejecución era de $ 38.400.000. Sin embargo, el 15 de julio de 2004, el Ministerio de Justicia le solicitó a la Subsecretaría de Obra Pública, sin fundamentación cierta, un incremento del 25% en el presupuesto, argumentando incrementos en los costos de la construcción e indicando que para afrontar las tareas aprobadas apenas 4 meses atrás, se requería un presupuesto de $48.000.000, en lugar del original de $ 38.400.000.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2004, el Acta N° 8/04 de la Comisión Mixta informó la consideración de los puntajes del sobre Nº 2 de las seis propuestas técnicas presentadas: resultó elegido en primer término IECSA-SUPERCEMENTO, con un puntaje de 89.69.

Finalmente, a través de Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 565/05, el Poder Ejecutivo Nacional elevó el presupuesto previsto, no en la cifra solicitada previamente, sino en mucho más. Justamente el monto asignado fue el requerido por la proponente escogida en primer lugar por la Comisión Mixta: $64.985.972, lo que importa un aumento del 59%.

Por otra parte, la Resolución 187/04 del 20 de abril de 2004, suscripta por el Arq. Julio De Vido, aprobó el Pliego de Cláusulas Generales, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Programa de Necesidades y Especificaciones Técnicas y demás documentación licitatoria del Complejo Penitenciario Agote – Mercedes- Expediente N° 0041653/04.

Su presupuesto oficial era de $ 124.800.000, correspondiente a la Etapa de Proyecto y Ejecución.

Con fecha 15 julio de 2004, el Ministerio de Justicia le solicitó a la Subsecretaria de Obra Pública un incremento del presupuesto del 25%, argumentando incrementos en los costos de la construcción, indicando que para afrontar las tareas aprobadas apenas 4 meses antes, se requería de un presupuesto de $ 156.000.000.

Curiosamente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia referido, el Poder Ejecutivo Nacional elevó el presupuesto previsto, justamente en la cifra requerida por la proponente escogida en primer lugar por la Comisión Mixta: un 65% respecto del presupuesto original, elevándolo a $189.606.167.

Por último, respecto del Centro Federal Penitenciario del Litoral-Santa Fe- Expediente n° 026431/03-, la Resolución 1882/04 del 20 de abril de 2004, suscripta por el Arq. Julio De Vido, aprobó el Pliego de Cláusulas Generales, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Programa de Necesidades y Especificaciones Técnicas y demás documentación licitatoria, con un presupuesto oficial de $ 23.040.000, correspondiente a la Etapa de Proyecto y Ejecución.

Aquí también, con fecha 15 de julio de 2004, el Ministerio de Justicia le solicitó, sin fundamentación cierta, a la Subsecretaria de Obra Pública, un incremento del presupuesto del 25%, argumentando incrementos en los costos de la construcción, indicando que para afrontar las tareas aprobadas apenas 4 meses antes, se requería un presupuesto de $ 28.800.000.

Nuevamente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia mencionado el Poder Ejecutivo Nacional elevó el presupuesto previsto, justamente en la cifra requerida por la proponente escogida en primer lugar por la Comisión Mixta: un 89,01% respecto del presupuesto original, elevándolo a $ 42.857.803,39.

Las tres licitaciones de referencia presentaron otras irregularidades comunes en sus procedimientos: ellas se realizaron mediante el sistema de ajuste alzado, que requiere invariabilidad de la obra y del precio[30]. El sistema es ineficaz y antieconómico, pues obliga a todos los oferentes a realizar un proyecto, y así, los gastos de todos los proyectos son pagados finalmente por la sociedad, ya que ellos se encuentran contemplados en los precios.

Al no existir un proyecto único, por otra parte, no se garantiza la concurrencia de los oferentes, y las licitaciones lucen “armadas” para que fueran ganadas por las empresas que resultaron ganadoras. Por otra parte, la calificación obedece en un 30% a los antecedentes empresarios y en un 70% a la propuesta técnica, por lo que las empresas viales resultan siempre mejor calificadas.

Finalmente, como hemos visto, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 565 adecuó el presupuesto a las ofertas presentadas, modificando considerablemente el Presupuesto Original, lo que evidencia el “armado” de los procesos licitatorios.

Por eso lo expuesto que entendemos que:

I. Nestor Kirchner es el jefe Julio De Vido, Rudy Ulloa, Lázaro Baez, Claudio Uberti, Cristóbal Lopez y Ricardo Jaime. Todos ellos, incrementaron sideralmente su patrimonio a partir de conocerlo, enriqueciéndose.

II. En todos los casos expuestos la participación del ex presidente Néstor Kirchner y el Ministerio de Planificación Federal resultan directas ya que los organismos involucrados activamente en las operatorias denunciadas resultan ser dependencias del Ministerio de Planificación, gestionadas por funcionarios designados por éstos y pertenecientes a su círculo de confianza.

III. En todos los casos se evidencian irregularidades en las licitaciones y/o concesiones y violaciones reiteradas del Estado a las normas que regulan las Contrataciones Publicas.

IV. En todos los casos se reitera el esquema denunciado como capitalismo de amigos donde empresas cercanas al gobierno son adjudicatarias de las obras publicas, ya sea mediante sociedades a su nombre o bajo su control, lo que implica una carterizacion.

V. Direccionamiento en la adjudicación de obra publica a empresarios amigos que concentran la actividad e imponen el precio. Esta practica es contraria al Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado y configura un incumplimiento palmario a los principios rectores de la contratación publica tales como: eficiencia, transparencia, concurrencia y competencia, proporcionalidad y razonabilidad e igualdad de tratamiento para interesados y oferentes

VI. Complicidad e Inacción de los funcionarios intervinientes que impulsan las adjudicaciones sin verificar la aptitud y antecedentes de las empresas. Se promueve y no se sanciona esta practica ilegal que permite que unos pocos manejen la obra publica en forma irregular y con sobreprecios.[31]

VII. Ausencia de controles del Estado respecto al cumplimiento de las condiciones de contratación. Esto deriva en certificaciones de obras que no se encontrarían realizadas o que no se ajustarían al contrato por incumplir con las especificaciones técnicas de éste. Un ejemplo de esto se configuraría cuando Austral Construcciones cobra dinero mediante certificaciones de obra de las que no es titular.

VIII. Para el posible pago de sobornos o coimas algunas de las estas firmas se manejan con boletas apócrifas de compañías fantasmas, a efectos de justificar gastos no realizados. Esto, no solo configura un delito fiscal sino explicaría erogaciones irregulares en la contabilidad de dichas compañías.

IX. El gobierno de Kirchner sancionó a los funcionarios de la AFIP que detectaron las maniobras de estas empresas amigas y los separó de la investigación. En su reemplazo se designaron funcionarios vinculados con Julio de Vido.

X. En todos los casos las empresas justificarían mediante facturas apócrifas pagos ilegales.

III.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS DELITOS QUE SE SOLICITA SE INVESTIGUE:

a) Asociación Ilícita:

El Capítulo II del Título VIII del Código Penal (Delitos Contra el Orden Público) en su artículo 210 tipifica la acción consistente en tomar parte en una asociación o banda de 3 o más personas, destinada a cometer delitos. Es dable destacar, siguiendo las enseñanzas del Dr. David Elbio Dayenoff, que la conducta típica se consuma por el solo hecho de pertenecer a una organización de esa clase.

Es una figura dolosa que requiere el número de miembros y la finalidad del grupo.

En este caso presumo la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito por tratarse de más de tres personas que han formado un gran grupo económico y empresario que fue señalado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es investigado por la Justicia Federal por evasión fiscal y presunto pago de sobornos en la obra pública.

La jurisprudencia sostuvo respecto de este tipo penal que “Las exigencias típicas del delito de asociación ilícita se satisfacen con el simple acuerdo, con la mera intención manifestada de cometer pluralidad indeterminada de actos delictivos, y cierta permanencia en la cooperación por parte de tres o más personas, sin que sea necesario que se cometa alguno de ellos, por tratarse de un delito de pura actividad” (SCBA, JA, 1983-I672).

– Figura Agravada: Como es de conocimiento de la vasta ilustración del Sr. Fiscal, el delito de asociación ilícita se agrava para los jefes u organizadores de la sociedad, en cuyo caso el tope mínimo de la pena o reclusión es de 5 años cuando el de la figura básica es de 3 años.

Solicito entonces, se investigue la posible comisión por parte de Néstor Kirchner del delito establecido en artículo 210 último párrafo del Código Penal por tratarse del jefe u organizador de la presunta banda formada para la comisión de los delitos que se solicita se indague. Ello en virtud de su carácter de ex Presidente de la República.

b) Fraude a la Administración Pública:

El Código Penal en su Capítulo IV titulado “Estafas y Otras Defraudaciones” tipifica en el artículo 174 inciso 5) el delito de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública para aquella persona que “…cometiere fraude en prejuicio de alguna administración pública”.

A través de esta figura se castigan las conductas descriptas en el capítulo referido en el párrafo anterior en aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea la administración pública, es decir, “todo organismo que constituya una administración estatal directa, nacional, provincial, comunal o autárquica” (ref. Breglia Arias y Gauna).

En el caso que nos ocupa el posible pago de sobornos por la realización de obra pública constituiría la comisión del delito que se describe en este acápite.

c) Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público:

El artículo 248 del Código Penal tutela el respeto y acatamiento, por parte de los de los funcionarios públicos, de las normas constitucionales y legales. En los acontecimientos que solicito se investiguen podría haberse cometido este delito en virtud de ser Julio De Vido el actual Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de haber sido Néstor Kirchner Presidente de la Nación en el período 2003-2007.

El tipificado por el artículo 248 del Código Penal es un delito doloso que exige la conciencia de la ilegitimidad o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo.

El sujeto activo de este delito debe ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tal como señala el Dr. Dayenoff, el sentido legal de los términos “funcionario y empleado públicos” utilizados en el Código Penal designa a toda persona que participa accidental o permanentemente del ejercicio de las funciones públicas ya sea por elección popular o nombramiento de autoridad competente. En consecuencia, por función pública estatal sólo cabe entender toda actividad que conlleve fines propios del Estado.

Por su parte, el artículo 249 determina que las acciones típicas consisten en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio. El elemento normativo esencial es la ilegitimidad de esas conductas.

d) Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública:

El Código Penal bajo el Título que trata sobre los delitos contra la Administración Pública y, como lo señala el Dr. Edgardo Alberto Donna (Derecho Penal Parte Especial Tomo III, pág. 15 sgtes.), “protege la función pública entendida como el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los tres órganos del Estado…pero con la idea de que no sólo se refiere a la función específica de los poderes del Estado, sino además a la típica función administrativa de todos ellos. Se pretende asegurar la conducta de los funcionarios públicos, quienes con la inobservancia de los deberes a su cargo obstaculizan esa regularidad funcional, dañando no sólo a la función en sí, sino a los particulares. De modo que el bien jurídico en el Título XI es la preservación de la función pública, frente a los ataques que provienen, tanto de la propia organización burocrática del Estado y de sus miembros, como de los particulares…”

El delito por el cual se solicita se investigue al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, y al ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner, y siguiendo las enseñanzas del Dr. Carlos Creus, tutela la imparcialidad de los funcionarios en la toma de decisiones propias en estricta relación a la función pública que desarrollan, evitando así cualquier tipo de interferencia indebida o parcialidad ajenas al interés de la administración pública.-

Asimismo, y sin perjuicio de lo que resulte de la investigación, de la calificación que surja de la misma y del elevado criterio de V.S., en cuanto a otras tipicidades que puedan acarrear la conducta asumida por las personas señaladas, para la configuración del presente delito, no es necesario que el funcionario público obtenga un beneficio económico:

Al respecto, la Cfed. De Córdoba, Sala Crim., 20-8-80, “Arias, Restituto A, “, J.A. 1981-I-460, dijo:

“…para la configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, basta cualquier móvil de interés privado distinto a los que deben gravitar exclusivamente sobre los actos, sin importar que el interés no sea pecuniario porque el texto legal no tutela sólo la hacienda pública sino el prestigio de la administración.”.-

Asimismo, no es necesario para que se configure el tipo, que el acto haya causado perjuicio, ya que como lo señala el Dr. Donna en su Tratado de Derecho Penal Tº III, pág. 318, Ed. Rubinsol Culzoni, ed. 2003, no es un delito de daño.-

IV.- PRUEBA:

1.- DOCUMENTAL:

– Se tenga por producida la prueba documental acompañada en 8 cajas.

Sin perjuicio de las diligencias o medidas que disponga V.S. nos tomamos el atrevimiento de sugerirle los siguientes medios probatorios:

  1. Se requiera a la Inspección General de Justicia, los estatutos, balances y toda documentación que obre en su poder en relación a las siguientes sociedades, a saber: Gotti S.A. , Austral Construcciones S.A., Badial S.A., Juan Felipe Gancedo S.A. Casino Club, S.A, Sucesores de Adelmo Biancalani, Kank y Costilla, Palma SA, EPSUR, MISAHAR ARGENTINA, e Invernes S.A. –

  1. Se allane a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las actuaciones llevadas a cabo por ese organismo por presunta evasión de las empresas Gotti S.A., Austral Construcciones S.A., Badial S.A., Gancedo S.A., Casino Club S.A., Sucesión de Adelmo Biancalani, Kank y Costilla e Invernes S.A.. Es dable mencionar que no se encuentran alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de pago de obligaciones exigibles, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 101 de la ley 11683. –

  1. Se requiera a la Oficina Anticorrupción remita las declaraciones juradas del ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner y del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, y de los funcionarios Ricardo Jaime, Claudio Uberti y Ricardo Echegaray correspondientes a los períodos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.-

  1. Se allane al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación remita la documentación que pruebe el grado cumplimiento en relación con el pago de las diferentes etapas de la ejecución de la Obra Pública que fueron adjudicadas las empresas Gotti S.A., Austral Construcciones S.A., Badial S.A., Juan Felipe Gancedo S.A., Kank y Costilla , Palma SA , Sucesores de Adelmo Biancalani e Invernes SA.

  1. Se allanen los Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Economía de la Nación a los efectos de secuestrar toda la documentación en la que consten los antecedentes de la tramitación y pago de las operaciones derivadas de los fideicomisos con Venezuela que se mencionan en la presente.

  1. Se allane las oficinas pertenecientes a la Secretaria de Transporte para el secuestro de la documentación referida en los presentes actuados.

  1. Se allane a la Contaduría General de la Nación a efectos de determinar el monto y el beneficiario de las obras enumeradas en la presente.
  2. Se allane las oficinas pertenecientes a Lázaro Báez en Carabelas 241 5 piso, a efectos de secuestrar documentación pertinente a esta denuncia.
  3. Líbrese exhorto a la Justicia del Estado de Florida EEUU, contra el empresario Franklin Duran
  4. Librese exhorto a la Justicia del Principado de Lichtenstein donde tramita la investigación por lavado de dinero a Austral Construcciones de Lazaro Baez
  5. Se allanen las empresas de transporte aereo: Tango Sur, Mac Air y Royal Class a efectos de comprobar viajes charteados por el Gobierno Argentino.
  6. Se designen peritos a efectos de determinar el real valor de las obras sospechadas de sobreprecios, mencionadas en la presente
  7. Se requiera a la Auditoria General de la Nacion y a la Sindicatura General de la Nacion, copia de los informes mencionados en la presente, así como los papeles de trabajo que avalan los hallazgos descriptos.
  8. Se requieran los registros de la Oficina de Migraciones a efectos de documentar la entrada y salida de funcionarios involucrados en la presente hacia Venezuela desde las Base Militares de Aeroparque y El Palomar.
  9. Se requiera a la AFIP los legajos del personal desplazado en sus funciones por investigar los casos de corrupción que se denuncian en la presente.
  10. Se libre oficio al Juzgado en lo Penal Tributario N° 1 a los fines que remita la causa N° 1705/05.
  11. Se libre oficio al Juzgado Federal N° 7 a los fines que remita la causa N° 18579/07.
  12. Se allane UCOFIN a los efectos se secuestren los expedientes de las obras viales denunciadas por posibles sobreprecios que se encuentran referenciados en los presentes actuados.
  13. Se requiera a la AFIP para que remite la declaración jurada de impuestos de los Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez. Es dable mencionar que no se encuentran alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de pago de obligaciones exigibles, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 101 de la ley 11683.
  14. Se allanen las oficinas del Dr. Néstor Carlos Kirchner ubicadas en la calle Olga Cosentini 1553 CABA a los efectos se secuestre la documentación referida a estas actuaciones.
  15. Cítese a las siguientes personas como testigos:

a) Ex embajador de Venezuela Sr. Roger Capella.

b) Al actual embajador de Venezuela S.E. Arévalo Enrique Mendez Romero.

c) Al ex funcionario Sr. Norman Williams.

d) Al funcionario Sr. Jaime Mecicovsky.

e) Al titular de la AFIP Sr. Claudio Moroni.

f) Al funcionario de la AFIP Horacio Castagnola.

g) Al funcionario de la AFIP Angel Rubén Toninelli.

h) Al ex funcionario de la AFIP Sr. Alberto Abad.

i) A la Sra. Estela Kank.

  1. Oportunamente se cite a los denunciados Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez a los fines que comparezcan respecto de los hechos que originan la presente

V.- FACULTAD DE DILIGENCIAMIENTO:

Autorizamos al Dr. Diego Martín Andisco, tomo 76, folio 198 y a la Dra. Paula Oliveto Lago, tomo 77, folio 476 del C.P.A.C.F. a diligenciar toda la documentación necesaria para el normal desarrollo del proceso.

VI.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:

1.- Tener por formulada denuncia penal contra Sres. Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal Lopez y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769

2.- Se investigue la misma.-

3.- De comprobarse los delitos denunciados y de surgir asimismo beneficio económico ilícito para las personas denunciada, se investigue los mismos.-

4.- Tener presente los medios de prueba sugeridos.-

Proveer de conformidad

Será Justicia.-


|[1] Página oficial del Jefe de Gabinete de Ministros-Memoria 2003

[2] Ver www. ucofin.gov.ar

[3] las viviendas poseen todos los servicios, pisos y revestimiento cerámico, pintura interior y exterior completa, carpintería exterior metálica, artefactos de cocina, calefactores, termo tanques, muebles bajo mesadas, vereda perimetrales y municipales.

[4] Diario Perfil “Como funciona el pool de empresarios de la pingüinera “ Por Juan Cruz Sanz

[5] Diario Perfil SKANSKA II . Investigan a socios de Kirchner por oscuros negocios de 500 millones

[6] Chaco: Aseguran que hay sobreprecios en la pavimentación de la Ruta 7-La Region

[7] Nota Diario Rio Negro-“Los tentáculos de Cristóbal López”-Italo Pisan- “Se dice que comenzó vendiendo pollos y verduras en Comodoro Rivadavia, hasta que amigos comunes (entre los que se mencionan a Mario “Bombón” Mercado) lo introdujeron en el negocio del transporte de petróleo bajo la égida de Diego Ibáñez. Esa actividad le habría permitido formar el capital necesario para invertir en casas de juego que, con el tiempo, se multiplicaron en la geografía del país…”

[8] Los oferentes que se presentaron en cada una de las áreas fueron:

· – Area Río Guenguel: Epsur SA (100% capital regional).

· – Area Sierra España: Oil M&S (100% capital regional).

· – Area Mata Amarilla: Oil M&S.

· – Area Laguna Grande: Oil M&S.

· – Area Piedrabuena: Oil M&S.

· – Area Gran Bajo Oriental: Oil M&S, Enap-Sipetrol-Eduardo Costa (100% capital regional); Tecpetrol-Petroquímica Comodoro Rivadavia (capital regional). En la evaluación de la Comisión, Costa y Tecpetrol fueron descalificados, y sólo quedó Oil M&S.

· – Area Meseta Cerón Chico: Epsur SA (100% capital regional); Enap-Sipetrol-Eduardo Costa; Tecpetrol-Petroquímica Comodoro Rivadavia y Estrella Servicios Petroleros. En una primera etapa la Comisión descalificó a Costa y a Tecpetrol, y en una segunda dejó afuera a Estrella. Sólo quedó como oferente Epsur SA.

· – Area Sur Río Deseado: Epsur SA y Estrella Servicios Petroleros, que fue descalificada por la Comisión.

· – Area Lago Cardiel: Oil M&S e Inwell SA (100% capital regional), que fue descalificada.

· – Area Guanaco Muerto: Oil M&S e Inwell, que fue descalificada.

· – Area El Tranquilo: Inwell SA, que fue descalificada, quedando desierta.

· – Area El Turbio: Misahar Argentina SA (100% capital regional) y Geo Park-Eduardo Costa; se está evaluando la oferta económica.

· – Area El Turbio Este: Misahar Argentina SA y Geo Park-Eduardo Costa.

· – Area Tapi Aike: Misahar, Oil M&S y Geo Park.

· – Area Paso Fhur: Epsur SA y Oil M&S.

[9] Ver diario Perfil-“El Pozo no quedo vacante”-Columna de Jorge Lanata

[10] Ver investigación diario Perfil-El Observador-autor: Leonardo Nicosia

[11] Ver denuncia de los diputados ante la Oficina Anticorrupción www.coalicioncivica.org.ar; www.ari.org.ar

[12] 30/07/2003

[13] Resolución 83 de 2006-AGN

[14] La Nación: Sábado 2/AGO/2008 “Revuelo por los cambios en la AFIF” de Martín Kannaguiser con colaboración de Hugo Alconada Mom.

Clarín: Sábado 2/AGO/2008 “El desplazamiento del titular de la DGI despierta críticas opositoras” de Annabella Quiroga. www.clarin.com/diario/2008/08/02/elpais/p-01728419.htm

Crítica: Sábado 2/AGO/2008 “Garantizo que seguirán todas las investigaciones” sección EL PAIS, edición impresa. http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota &nid=9158

Perfil: Sábado 2/AGO/2008 “ Desplazaron a dos funcionarios de la DGI por investigar a un íntimo KI: Lázaro Báez” de Juan Cruz Sanz y Emilia Delfino. http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0282/articulo.php?art=8853&ed=0282

Perfil: Domingo 10/AGO/2008 “Capitanich puso a uno de los suyos en la DGI, tras la reciente purga” de Emilia Delfino. http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0285/articulo.php?art=9044&ed=0285

[15] Diario El Litoral 8/07/07

[16] El CLUB DE LA OBRA K.

[17] Kirchner dijo que me iba a bancar hasta la muerte. La Nacion-Hugo Alconada Mon

[18] Ver Considerándos Decreto PEN 96/08

[19] PBC “Alcance de la contratación” 1.2

[20] La Nacion 277/03/08 “El tren bala aun sin financiamiento

[21] aprobada por Resolución del Ministro de Economía Nº 178/08

[22] Diario Critica. Informe Especial “rápido como el tren Bala”

[23] Página 12, lunes 5/03/2007 “Venezuela también es seductora para los empresarios argentinos.

[24] Perfil del domingo 27//11/05, pg. 18 Panorama Político “ Perros lindos, lobos feos”

[25] Perfil, domingo 10.12.2006 “Qué mala leche”. http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0154/lanata.html

[26] Perfil, domingo 25.02.2007 “Peajes bien chévere”. http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0165/lanata.html

[27] Revista Fortuna, Año III/ Nº 240/Edición del 4/ENE/2008, sección Economía “Los anuncios son más que los negocios” por Kristian González Boscán.

[28] Ver “SKANSKA nuclear: facturas truchas y desvios de fondos. Atucha II”- Diario Perfil

[29] Informe N 460/07 – Sindicatura General de la Nación “Convenio de Colaboración celebrado entre DIOXITEX S.A y CNEA –Segunda Agenda” –Noviembre de 2007- ver http://www.sigen.gov.ar

[30] Spota Alberto, Tratado de Locación de Obra, T1 n°179

[31] El articulo 3 inc. a del RCAN establece que el principio al que se deberán ajustar las contrataciones del Estado sera el de la “eficiencia de la contratación para cumplir con el interés publico comprometido y el resultado esperado”

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